2,950 Millones De Pesos: Las Cifras Del Caso Que Persigue A Inés Gómez Mont Y Lo Que Realmente Se Le Atribuye
Una casa pequeña, en un barrio de clase baja de San Luis Potosí. Según documentos obtenidos por el diario El País, la empresa registrada en ese domicilio reportó al fisco haber pagado 125 millones de pesos en “nómina y honorarios” durante 2016 y 2017.
El prestanombres era un obrero que vivía en el mismo estado. Y en esa nómina, de acuerdo con el diario español, aparecía el propio Víctor Manuel Álvarez Puga, con 10.9 millones de pesos.
Es apenas una pieza del rompecabezas. Pero ayuda a entender por qué, a ojos de las autoridades mexicanas, El País describe a Álvarez Puga como “el rey de las factureras”.
Desde la detención de Inés Gómez Mont en Miami, el 30 de octubre, una cifra se repite en todos lados: 2 mil 950 millones de pesos. Conviene saber exactamente qué significa.
Esa cantidad corresponde a dos contratos firmados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Según Animal Político, uno de ellos fue por 1 mil 950 millones de pesos.
Lo que la Fiscalía General de la República sostiene es que esos contratos sirvieron para sacar dinero público mediante servicios simulados. NetNoticias y Yahoo Noticias subrayan un punto clave: los 2 mil 950 millones son el valor de los contratos investigados, no una suma que se haya probado como recibida por Gómez Mont.
¿Cómo habría viajado el dinero? De acuerdo con la investigación federal a la que tuvo acceso Animal Político, una empresa fachada ganó los contratos y repartió los recursos entre otras cuatro compañías calificadas como factureras.
Esas cuatro, a su vez, lo habrían movido hacia otras tres. En total, la indagatoria contabiliza 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular el dinero, siempre según ese medio.
En 2021, cuando la FGR expuso el esquema, señaló que una sola de las empresas investigadas recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, informó El Universal.
¿Y cuánto le atribuyen directamente a Inés Gómez Mont? Mucho menos de lo que sugieren los titulares.
En 2022, la FGR acusó a la conductora de recibir depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos de dos empresas de la red, según Grupo Animal. Eso equivale al 0.5 % del total investigado.
Animal Político también documentó que, entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2016, una de esas compañías transfirió al matrimonio casi 3 millones de pesos.
Hay además un expediente distinto, que es el que la Fiscalía mencionó al confirmar su detención: defraudación fiscal equiparada. De acuerdo con El Financiero, se refiere a un presunto adeudo de unos 6.6 millones de pesos del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2015.
La propia FGR no precisó si la orden usada en Miami es exactamente esa, señaló NetNoticias. Univision reporta que la orden por ese delito fue librada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en junio de 2023.
Para dimensionar el contraste, basta un dato que ya es parte de la historia pública del caso: según Proceso, la mansión de Miami Beach que perteneció a Cher fue adquirida en 2017, a través de una empresa ligada a la pareja, por 15.5 millones de dólares.
Contratos por casi 3 mil millones de pesos, más de mil cuatrocientas transferencias, empresas instaladas en casas humildes, una nómina millonaria con un obrero como prestanombres y una mansión de estrella de Hollywood forman el mapa que la Fiscalía y la prensa han trazado alrededor de la pareja, sin que hasta hoy exista una sentencia que conecte de forma definitiva cada peso con cada propiedad.
Gómez Mont ha sostenido desde el inicio que es inocente y que es víctima de una injusticia, recordó El Financiero. Ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un juez.
Lo que sigue es saber si será enviada a México y en qué expediente responderá primero. Para la mayoría de los mexicanos, sin embargo, la pregunta de fondo es otra: dónde quedó el dinero que debía destinarse al sistema penitenciario federal.
