¡LA PUEDEN EXPROPIAR! Trump descubre huachicol en la refinería que AMLO compró en EUA: Deer Park

Había una cifra que parecía perdida entre declaraciones, expedientes y acusaciones: 671 pipas. Pero detrás de ese número apareció una pregunta mucho más incómoda cuando Deer Park, la refinería de Pemex en Texas, quedó relacionada con una investigación por contrabando de combustible.

Según el expediente citado públicamente, diez carrotanques procedentes de Deer Park ingresaron a México dentro de una operación investigada por autoridades. Los documentos aduanales reportaban apenas 100 mil litros, mientras los peritajes habrían encontrado más de un millón.

Ese dato cambió el escenario porque ya no se trataba solamente de hablar del huachicol como robo de combustible en ductos. La investigación apunta a un mecanismo distinto: declarar cantidades menores de gasolina para reducir las obligaciones fiscales asociadas a su entrada al país.

Deer Park pertenece completamente a Pemex desde 2022, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concretara la compra de la instalación a Shell. En aquel momento, la operación fue presentada oficialmente como parte de una estrategia para aumentar la capacidad de refinación y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética.

Ahora, varios años después, la misma instalación aparece mencionada dentro de una investigación mucho más delicada. Eso no demuestra que Pemex o sus antiguos funcionarios hayan ordenado el contrabando, pero sí abre preguntas sobre los controles, la trazabilidad y las operaciones realizadas desde su filial estadounidense.

En el relato expuesto durante la conversación, también apareció otra pieza: las 671 pipas adquiridas durante el sexenio anterior y la participación de Marcelo Ebrard en las compras mencionadas por los interlocutores. Sin embargo, la propia conversación reconoce que sería necesario investigar cuántas unidades fueron adquiridas, dónde terminaron y cuál fue realmente su utilización.

La discusión se amplió entonces hacia una hipótesis todavía más grave: que una parte del suministro irregular de combustibles habría funcionado con tolerancia o participación de funcionarios. Esa interpretación fue planteada por los participantes, pero no se presenta en el material proporcionado como una conclusión judicial definitiva.

También se recordó la crisis provocada por el cierre de ductos durante el combate al huachicol y la tragedia de Tlahuelilpan. Aquellos acontecimientos quedaron como antecedente de una estrategia que buscaba contener el robo, pero que también provocó fuertes cuestionamientos sobre la distribución de gasolina.

El punto más delicado aparece cuando se intenta conectar esas decisiones con el llamado huachicol fiscal, porque allí la operación ya no depende necesariamente de perforar un ducto: puede comenzar con documentos, permisos, aduanas, empresas intermediarias y diferencias aparentemente pequeñas entre lo declarado y lo realmente transportado.

Y precisamente ahí surge la pregunta que atraviesa todo el caso: si una red pudo mover combustible mediante empresas, aduanas y documentación aparentemente regular, ¿cuántas operaciones similares pudieron quedar fuera de los registros hasta que alguna diferencia finalmente llamó la atención de los investigadores?

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que Hacienda, Energía y Aduanas trabajan en una revisión de trazabilidad para comparar lo que entra al país con lo que se vende y con los inventarios existentes. También se ha señalado que determinar retrospectivamente qué cargamentos fueron declarados incorrectamente puede requerir pruebas directas y análisis especializados.

En esa revisión apareció además el caso del buque asegurado en Altamira, sobre el que durante la conversación se mencionaron distintas cifras de combustible y cuya investigación todavía debía completarse. La autoridad reconoció que el análisis general del fenómeno del contrabando de combustibles seguía en proceso.

Mientras tanto, la acusación política avanzó por otro camino. Los participantes interpretaron las declaraciones atribuidas a Donald Trump y el mensaje de la embajada estadounidense como una presión para perseguir no solamente a operadores criminales, sino también a funcionarios que eventualmente hubieran facilitado sus actividades.

Pero esa es precisamente la frontera que todavía debe aclararse: una cosa son las sospechas, otra las acusaciones y otra muy distinta una responsabilidad penal demostrada.

Deer Park quedó así en el centro de una historia que mezcla una compra presentada como estratégica, cargamentos bajo investigación, diferencias entre documentos y peritajes, cientos de pipas mencionadas en el debate político y una pregunta que todavía permanece abierta: hasta dónde llegaba realmente la cadena de responsabilidades.