La madrugada cambió de tono en Acapulco cuando aparecieron cartulinas con una exigencia concreta y un nombre escrito directamente: Omar García Harfuch.
No eran solamente mensajes intimidatorios. Junto a algunas de las cartulinas aparecieron artefactos conocidos como ponchallantas, en puntos de Acapulco y rumbo a Coyuca de Benítez.
El mensaje exigía la liberación de Govén Ulises “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”. También advertía contra la presencia de patrullas federales, estatales y de la Marina en varias zonas de Guerrero.
La escena tenía un antecedente inmediato. El 3 de septiembre, autoridades federales anunciaron la captura de Govén Ulisses “N” en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante una operación coordinada.
Harfuch informó entonces que el detenido era considerado un objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”. Las autoridades lo relacionaron con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas.
La distancia entre Puebla y Acapulco hacía todavía más llamativo el operativo. Según la versión oficial, la estructura investigada tenía presencia principalmente en Acapulco, mientras el presunto líder fue localizado en una de las zonas residenciales más conocidas de Puebla.
La captura no terminó con el arresto. Las autoridades realizaron varios cateos y reportaron el aseguramiento de armas, drogas y vehículos de alta gama. Entre los resultados posteriores se contabilizaron 39 vehículos asegurados.
Ese número comenzó a convertirse en una de las piezas más llamativas del caso. Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini y una Tesla Cybertruck aparecen entre los vehículos reportados en distintos medios sobre el operativo.
La hipótesis que comenzó a circular es que esos bienes podrían formar parte de una estructura financiera utilizada para ocultar recursos. Sin embargo, una cosa es que los vehículos hayan sido asegurados y otra muy distinta demostrar judicialmente el origen ilícito de cada uno.
Ahí aparece un segundo hilo de la historia. Uno de los inmuebles cateados fue Dimont Motors, una agencia vinculada a los vehículos asegurados, y documentos citados por medios de Puebla sitúan la propiedad del predio en manos de integrantes de la familia del exgobernador Tony Gali.
La información fue difundida por medios locales después del operativo. Pero esa propiedad, por sí misma, no demuestra que Gali o sus familiares tengan alguna relación con las actividades criminales investigadas. Hasta ahora, no se ha informado públicamente de una imputación contra ellos por este caso.
Ese matiz resulta importante porque la historia comenzó rápidamente a mezclarse con la política poblana. La aparición del nombre de Tony Gali generó preguntas adicionales precisamente cuando el exgobernador acababa de reincorporarse a la actividad partidista.
También comenzaron a circular versiones sobre posibles vínculos entre empresarios de automóviles de lujo y grupos criminales. Esas versiones forman parte de reportes periodísticos y líneas de investigación, pero no permiten concluir que todos los propietarios, vendedores o administradores relacionados con esos establecimientos estén involucrados en delitos.
Mientras esas preguntas permanecían abiertas, en Acapulco aparecieron las amenazas. Los mensajes exigían que liberaran a “El Amarillo” y advertían que habría represalias si las fuerzas de seguridad continuaban entrando en determinadas zonas.
La respuesta oficial siguió otra dirección. En Guerrero se reforzaron las acciones de seguridad e investigación, mientras corporaciones federales y estatales mantuvieron presencia en distintas zonas de Acapulco y sus alrededores.
La Fiscalía de Guerrero informó el 7 de septiembre sobre nuevos operativos coordinados con Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. En esas acciones fueron aseguradas armas, municiones, vehículos, explosivos improvisados y más ponchallantas, aunque ese comunicado correspondió a acciones contra integrantes de otro grupo criminal, “Los Ardillos”.
La coincidencia temporal muestra algo más complejo que una sola disputa. Mientras las amenazas señalaban a Harfuch y exigían la liberación de un detenido, las autoridades continuaban desplegando operaciones contra diferentes estructuras criminales en Guerrero.
Y ahí está uno de los elementos que más preguntas genera: si las amenazas pretendían obligar al gobierno a retroceder, el despliegue posterior muestra, al menos públicamente, una estrategia diferente.
La captura de “El Amarillo” abrió simultáneamente una investigación sobre una estructura criminal que operaba en Acapulco desde Puebla, un expediente con 39 vehículos de lujo asegurados, preguntas sobre el origen de esos bienes, señalamientos periodísticos alrededor de un predio ligado a la familia Gali y finalmente amenazas directas contra el funcionario que anunció la operación, convirtiendo un arresto en el punto de partida de una historia todavía mucho más amplia.
Harfuch ya había sido víctima de un atentado en 2020, cuando era secretario de Seguridad de Ciudad de México. Aquel ataque fue atribuido por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación, y el funcionario resultó herido.
Ahora, años después, su nombre vuelve a aparecer en mensajes atribuidos a presuntos integrantes de una organización criminal. La diferencia es que esta vez la amenaza surge después de una operación que golpeó a una estructura con presencia en Acapulco.
Las autoridades no han confirmado públicamente quién colocó cada cartulina ni quién ordenó las amenazas. Los reportes periodísticos las atribuyen preliminarmente a integrantes de “Los Rusos”, pero esa atribución todavía debe distinguirse de una conclusión judicial.
Por eso, el verdadero alcance del episodio todavía está por determinarse. La pregunta ya no es solamente qué ocurrirá con “El Amarillo”, sino qué información pueden revelar los cateos, los vehículos asegurados y las investigaciones financieras que continúan abiertas.
Y mientras esas respuestas no aparecen, Acapulco permanece bajo vigilancia reforzada. La amenaza pudo haber sido escrita en una cartulina, pero las preguntas que dejó abiertas apuntan mucho más lejos.
