Inés Gómez Mont: los 2,950 millones de Morelia y los 61 exfuncionarios bajo investigación

Una vivienda modesta en Morelia aparece en el centro de una operación financiera que habría movido miles de millones de pesos. Cinco años después de que comenzara la búsqueda de Inés Gómez Mont, su posible detención en Miami vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que parecía olvidada: quién autorizó, quién cobró y quién permitió que el dinero desapareciera entre empresas.

La cifra es extraordinaria. Según la investigación descrita en el material judicial, dos contratos destinados a conectar siete penales federales con un centro de mando sumaron aproximadamente 2,950 millones de pesos durante 2016, cuando las cárceles federales dependían de una oficina de la Secretaría de Gobernación.

La empresa beneficiaria, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, habría sido registrada como una pequeña compañía sin infraestructura ni personal suficiente para realizar los trabajos. Su domicilio, según las investigaciones citadas, correspondía a una vivienda popular de Morelia, una imagen que contrasta con el volumen de recursos públicos que recibió.

Los contratos fueron adjudicados directamente y permanecieron reservados durante cinco años bajo el argumento de seguridad nacional. Cuando las autoridades fiscales revisaron posteriormente la documentación, encontraron que ambos contratos eran prácticamente idénticos, una coincidencia que alimentó las sospechas sobre la operación.

La historia, sin embargo, no comenzó con la conductora. En agosto y octubre de 2016, el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social autorizó los contratos para un sistema de vigilancia penitenciaria, mientras la Secretaría de Gobernación estaba encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

El proyecto debía conectar siete centros federales con un sistema de monitoreo centralizado. Uno de los contratos alcanzaba los 1,950 millones de pesos, y el conjunto de las operaciones investigadas ascendía a casi 3,000 millones.

Según la investigación, los recursos no terminaron simplemente en la empresa contratista. Habrían pasado por siete compañías adicionales y miles de movimientos bancarios antes de que parte del dinero llegara a personas vinculadas con el matrimonio de Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

La fiscalía describe una estructura de triangulación con aproximadamente 1,446 operaciones bancarias. En ese recorrido aparecen transferencias atribuidas a una de las empresas de la red hacia el matrimonio, incluidos movimientos cercanos a tres millones de pesos durante un periodo de aproximadamente un mes a finales de 2016.

Pero el expediente también contiene otro frente: la situación fiscal de la presentadora. Desde 2021, según las cifras citadas en el material, se le atribuían alrededor de 14 millones de pesos en adeudos con el fisco, mientras la orden de aprehensión mencionada por la Fiscalía corresponde a una probable defraudación fiscal equiparada.

La detención que habría ocurrido el 30 de octubre en Miami cambió la dimensión pública del caso. La Fiscalía General de la República atribuyó el aseguramiento al intercambio de información con Estados Unidos, aunque todavía no se han confirmado todos los detalles sobre el procedimiento migratorio o judicial que determinará su regreso.

El antecedente inmediato había sido la retirada de las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y su esposo en septiembre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció entonces que solicitaría explicaciones y buscaría la recuperación de las alertas, recordando que las órdenes de aprehensión mexicanas seguían vigentes.

La eliminación de una ficha roja no anulaba esas órdenes, pero sí modificaba las posibilidades de localización internacional. En ese contexto, la cooperación entre ambos gobiernos terminó convirtiéndose en un elemento central para explicar el aseguramiento anunciado semanas después.

Y mientras la conductora vuelve a ocupar las portadas, el expediente señala a 61 exservidores públicos investigados por una operación que habría comenzado con contratos firmados dentro del sistema penitenciario federal, atravesado empresas sin capacidad operativa y terminado en una red de transferencias cuyo recorrido todavía plantea preguntas sobre las responsabilidades de quienes autorizaron cada pago.

Entre los nombres mencionados aparece Eduardo Guerrero Durán, quien encabezó el organismo penitenciario entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, periodo que coincide con la contratación investigada. Desde 2021, según el material aportado, cuenta con una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También figuran Paulo Uribe Arriaga, Emmanuel Castillo Ruiz y Jorge Arnaldo Nava López, vinculados entonces con áreas administrativas, operativas y de coordinación de los centros federales. La investigación señala que sus responsabilidades institucionales se relacionaban con la gestión de los recursos o con el sistema tecnológico que debía instalarse.

Otro nombre relevante es Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de desarrollo tecnológico. Fue detenido en diciembre de 2025 y, según la información proporcionada, un juez federal lo vinculó a proceso en julio de 2026 por presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa.

La vinculación a proceso no equivale a una condena, pero representa un avance judicial importante. El funcionario permanece bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento, y la fiscalía lo ubica dentro de una estructura financiera que relaciona con la red atribuida a Genaro García Luna.

La conexión entre ambos expedientes añade otra dimensión a la investigación. Los contratos penitenciarios corresponden al gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que algunas líneas financieras descritas por las autoridades apuntan hacia estructuras relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

En el debate público, la captura de Gómez Mont ha provocado nuevas preguntas sobre la lentitud de las investigaciones y la diferencia entre el tratamiento mediático de una celebridad y el de los funcionarios que aparecen en los documentos. Durante años, su vida en Miami concentró la atención, mientras los nombres de quienes administraban los contratos permanecían mucho menos visibles.

También existen aspectos incómodos para las autoridades mexicanas. El caso avanzó durante años sin una entrega formal del esposo, las cuentas bancarias de la pareja fueron descongeladas en México a principios de 2025 y la solicitud de extradición de Álvarez Puga se presentó, según el material, hasta diciembre de ese año.

Esos antecedentes no eliminan las acusaciones, pero sí forman parte de una evaluación completa del expediente. La defensa de Gómez Mont y su esposo sostiene que ambos son víctimas de persecución política y mantiene el derecho a cuestionar las actuaciones judiciales y migratorias.

La próxima etapa podría depender de tres escenarios: una resolución migratoria en Florida, la formalización de los documentos de extradición o nuevas actuaciones judiciales relacionadas con los funcionarios investigados. Ninguno garantiza por sí mismo una condena ni permite anticipar qué personas terminarán respondiendo ante un tribunal.

Lo que permanece es una pregunta que supera la fama de la conductora. Si una empresa sin trabajadores suficientes pudo recibir casi 3,000 millones de pesos en contratos reservados, ¿cuántas firmas fueron necesarias para que esa operación avanzara y quiénes conocían realmente el destino de los recursos?

La vivienda de Morelia, los contratos gemelos y los 61 exservidores públicos investigados forman ahora parte de una misma historia. La detención de Gómez Mont podría reactivar las declaraciones, las revisiones financieras y las preguntas que durante años permanecieron fuera de las cámaras.