Siete tir\os y una silla vacía: el misterio detrás de la mu*rte de “La Mona”

Hay historias que parecen terminar antes de que alguien alcance a comprenderlas. Un cuerpo cae en un parqueadero, pero las preguntas sobreviven mucho más tiempo que los disparos.
La mañana del 9 de junio de 2026 comenzó como cualquier otra en Villa Campestre. El conjunto residencial Horizonte permanecía en calma mientras residentes entraban y salían sin imaginar lo que estaba por ocurrir.
A las 10:30, una mujer caminó hacia una camioneta Toyota Hilux. Apenas unos segundos después, el silencio fue reemplazado por una escena que parecía diseñada para no dejar margen de error.
Según los primeros reportes, un hombre que habría ingresado previamente al complejo la esperaba cerca de la zona de parqueaderos. Algunos testimonios sostienen que vestía uniforme de una empresa de aseo.
Cuando la víctima se acercó al vehículo, comenzaron los disparos. Siete impactos de bala acabaron con su vida en cuestión de segundos.
Dos proyectiles impactaron su cabeza. Otros alcanzaron el pecho y distintas partes del cuerpo.
Algunos testigos afirmaron posteriormente que el arma utilizada podría haber tenido un silenciador. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente, pero ayudaría a explicar por qué varios residentes tardaron en comprender que estaban frente a un atentado.

La mujer asesinada era Mayira Alejandra Vera Duarte. Muchos la conocían simplemente como “La Mona”.
Desde las primeras horas apareció una curiosa contradicción. Algunas publicaciones la describieron como la esposa de alias Castor, mientras otras la señalaron como expareja sentimental del máximo jefe de Los Costeños.
Incluso surgió una tercera versión. Según algunos relatos, no residía permanentemente en el conjunto y se encontraba allí de visita.
La diferencia parece menor. Sin embargo, para quienes siguen las dinámicas internas de las organizaciones criminales, esos detalles pueden cambiar completamente la lectura de un asesinato.
Lo que sí coincidía en todas las versiones era otra cosa. Mayira Vera Duarte mantenía una relación directa con uno de los nombres más influyentes del crimen organizado en la región Caribe.
Pero el expediente de la víctima no comenzaba con ese vínculo. Mucho antes de convertirse en protagonista de titulares, había construido una imagen pública diferente.
Se presentaba como empresaria del sector inmobiliario. También desarrolló una presencia constante en redes sociales, especialmente en TikTok.

Aquella combinación terminó generando atención mediática. Con el tiempo apareció un apodo que la acompañaría hasta el final: la tiktoker del crimen.
Las investigaciones judiciales avanzaban por un camino muy distinto al de las redes. En febrero de 2023 fue capturada durante un operativo realizado por las autoridades en Barranquilla.
La Fiscalía la presentó entonces como una presunta pieza financiera de Los Costeños. También la vinculó con actividades relacionadas con extorsiones y disputas por bienes inmuebles.
Los cargos expuestos incluían concierto para delinquir agravado, financiación de estructuras ilegales y otros delitos asociados a la organización. Sin embargo, la historia judicial tomó un rumbo inesperado.
Meses después, un juez concluyó que no existían suficientes elementos para mantener la medida de aseguramiento. La decisión le permitió recuperar la libertad.
Esa resolución abrió una discusión que nunca terminó de cerrarse. ¿Era una víctima de acusaciones insuficientemente sustentadas o una figura cuya verdadera dimensión aún no había sido demostrada?
Las respuestas nunca llegaron de manera definitiva. Lo único cierto es que su nombre continuó apareciendo en expedientes y reportes de inteligencia.

Parte de esas investigaciones giraban alrededor de presuntos despojos de tierras. Según versiones recogidas por la Fiscalía en distintos momentos, algunas víctimas habrían sido presionadas para entregar propiedades.
Los expedientes describían mecanismos complejos. Videollamadas, intimidaciones, trámites notariales y disputas por predios aparecían repetidamente en las denuncias.
Uno de los casos más sensibles habría ocurrido en 2019. Una persona aseguró haber firmado documentos bajo presión por temor a represalias contra su familia.
Otro empresario señaló supuestas maniobras destinadas a apropiarse de terrenos en Puerto Colombia. Varias de esas acusaciones terminaron formando parte de investigaciones más amplias.
La dimensión económica también llamó la atención de las autoridades. La Dirección de Extinción de Dominio intervino decenas de propiedades vinculadas al entorno familiar y financiero de Vera Duarte.
Los bienes alcanzaban valores multimillonarios. Según las investigaciones, podrían estar relacionados con recursos obtenidos mediante actividades ilegales, aunque varios procesos continuaban abiertos.
Sin embargo, el aspecto más llamativo de la historia apareció después de su salida de prisión. En lugar de desaparecer del escenario público, comenzó a ocupar otro espacio completamente distinto.

Su nombre empezó a ser mencionado dentro de los acercamientos entre Los Costeños y representantes del Gobierno nacional. Allí figuraba como abogada y delegada.
La paradoja era evidente. Una mujer investigada durante años por presuntos vínculos criminales aparecía ahora participando en conversaciones relacionadas con paz urbana.
Algunos sectores interpretaron aquello como una oportunidad para facilitar diálogos. Otros observaron la situación con profundo escepticismo.
Mientras esas discusiones avanzaban, la guerra entre Los Costeños y Los Pepes seguía proyectando una sombra persistente sobre Barranquilla. Una tregua había sido anunciada meses atrás.
En octubre de 2025 se firmaron compromisos públicos para reducir la violencia. Las imágenes mostraban optimismo y promesas de reconciliación.
Pero la realidad comenzó a enviar señales distintas. Diversos ataques golpearon progresivamente a personas cercanas al entorno de alias Castor.
Uno de los episodios más relevantes fue el atentado contra Julio Enrique Ruiz Polanía. El hombre recibió múltiples disparos y murió semanas después.
Las autoridades analizaron ese caso bajo la hipótesis de la confrontación entre estructuras rivales. El ambiente de incertidumbre volvió a crecer.
Y mientras las mesas de diálogo seguían existiendo en documentos oficiales, mientras los comunicados hablaban de reconciliación, mientras las promesas de paz continuaban circulando entre funcionarios, abogados y representantes de grupos armados, las personas vinculadas al círculo más cercano de uno de los protagonistas comenzaron a caer una tras otra en circunstancias que alimentaron sospechas imposibles de ignorar.

La muerte de Mayira Vera Duarte llegó en medio de ese contexto. Por eso el impacto fue mucho más allá de un homicidio aislado.
Su abogado aseguró posteriormente que existían advertencias previas sobre amenazas. También afirmó que se habían realizado alertas relacionadas con riesgos de seguridad.
Según esa versión, la preocupación llevaba meses acumulándose. Aun así, el ataque terminó ocurriendo.
La reacción pública fue inmediata. Redes sociales, medios de comunicación y sectores políticos comenzaron a debatir el significado real del asesinato.
Algunos interpretaron el crimen como un golpe directo contra los procesos de acercamiento. Otros pidieron prudencia y recordaron que ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente.
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre ellas aparecen posibles retaliaciones criminales, disputas internas y otros escenarios que no han sido descartados.
La identidad de los autores intelectuales sigue siendo desconocida. Ese vacío alimenta nuevas especulaciones cada día.
Lo que ocurrió en el parqueadero del conjunto Horizonte parece resumir muchas de las contradicciones de una región marcada por décadas de violencia. Una figura señalada por investigaciones criminales y, al mismo tiempo, participante de una mesa de diálogo.
Su historia quedó suspendida entre esas dos versiones. Ninguna terminó imponiéndose por completo.
Quizá por eso el caso sigue generando tanta atención. Porque detrás de los siete disparos todavía existe una pregunta más grande que el propio crimen.
Una pregunta que permanece abierta mientras los expedientes avanzan lentamente. ¿Quién decidió que aquella silla en la mesa debía quedar vacía y por qué parecía tan importante que desapareciera precisamente en ese momento?
