7 disp*ros en un parqueadero: el as*sinato de “La Mona” y las sombras que rodean la tregua criminal
Hay escenas que duran apenas unos segundos y, sin embargo, parecen contener años enteros de historias ocultas. Una mujer camina hacia su vehículo en un conjunto residencial cerrado. Nadie imagina que alguien ya la observa desde la distancia.
El parqueadero luce tranquilo aquella mañana del 9 de junio de 2026. Son cerca de las 10:30 y nada parece alterar la rutina del lugar. La víctima avanza sin señales visibles de preocupación.
Las cámaras registran entonces un movimiento breve. Un hombre espera el momento exacto y se aproxima cuando ella está cerca de su camioneta Toyota.
Los disparos rompen el silencio. Según las imágenes difundidas posteriormente, la mujer cae al suelo tras recibir varios impactos.
Pero el atacante no se marcha de inmediato. Se acerca nuevamente y vuelve a disparar. Para muchos observadores, ese detalle alimentó la percepción de que no se trató de un ataque improvisado.
La víctima era Mayira Alejandra Vera Duarte, conocida por algunos medios y usuarios de redes sociales como “La Mona”. Tenía 37 años y una presencia constante en plataformas digitales.
Durante años proyectó una imagen asociada al sector inmobiliario. Publicaba contenido relacionado con propiedades, negocios y viajes. Miles de personas seguían sus actividades en internet.
Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía otra narrativa. Una mucho más compleja y rodeada de investigaciones judiciales.
Las autoridades llevaban tiempo relacionando su nombre con presuntos integrantes de Los Costeños. Se trata de una organización señalada por delitos como extorsión, narcotráfico y disputas violentas en el área metropolitana de Barranquilla.
En el centro de esa estructura aparece el nombre de Jorge Eliéser Díaz Collazos, alias Castor. Diversos expedientes mencionaron encuentros entre ambos y una relación que llamó la atención de investigadores y periodistas.
Con el paso de los años, Mayira dejó de ser observada únicamente como una figura cercana al entorno de Castor. Su nombre comenzó a aparecer en expedientes relacionados con presuntos despojos de tierras y propiedades.
Según versiones recopiladas por la Fiscalía en procesos anteriores, algunas víctimas habrían sido presionadas para entregar bienes o firmar documentos. Esas acusaciones fueron parte de investigaciones que generaron amplio debate.
Uno de los episodios más delicados habría ocurrido en 2019. Una persona aseguró haber firmado documentos bajo amenazas relacionadas con la seguridad de su familia.
Tiempo después, ese caso adquirió una dimensión aún más sensible. Algunos testimonios señalaron hechos posteriores que incrementaron el temor entre las personas involucradas.
Los expedientes describían un supuesto esquema donde convergían intimidaciones, trámites legales y disputas por predios de alto valor. No obstante, varios aspectos continuaban bajo discusión judicial.
La magnitud de las sospechas quedó reflejada en la ocupación de decenas de propiedades vinculadas a personas cercanas a su entorno. Los bienes fueron valorados en cifras millonarias por las autoridades.
En febrero de 2023 llegó uno de los momentos más visibles del caso. Mayira fue capturada en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad y presentada como una presunta pieza financiera de la organización.
La Fiscalía le imputó varios delitos. Entre ellos figuraban concierto para delinquir agravado, extorsión y financiación de estructuras ilegales.
Pero la historia volvió a cambiar pocos meses después. Un juez ordenó su libertad al considerar insuficientes los elementos presentados para mantener la medida de aseguramiento.
Aquella decisión abrió nuevas discusiones. Para algunos significó una muestra de las exigencias probatorias del sistema judicial. Para otros dejó preguntas que nunca terminaron de responderse.
Lo más llamativo ocurrió después. Lejos de desaparecer del escenario público, Mayira comenzó a aparecer en espacios relacionados con acercamientos entre estructuras criminales y representantes estatales.
Su nombre fue mencionado como abogada y facilitadora en conversaciones vinculadas a procesos de paz urbana. Esa transformación sorprendió incluso a quienes seguían el caso desde años atrás.
Mientras unos veían una oportunidad para construir puentes de diálogo, otros observaban con desconfianza la presencia de figuras asociadas a investigaciones tan controvertidas. El debate nunca desapareció.
Para comprender el impacto de su asesinato, muchos analistas miran hacia la larga confrontación entre Los Costeños y Los Pepes. Una guerra que durante años marcó la vida cotidiana de Barranquilla.
Ambas estructuras tuvieron etapas de alianza y ruptura. De esas fracturas surgieron ciclos de violencia que dejaron víctimas, desplazamientos y profundas tensiones territoriales.
En octubre de 2025 parecía abrirse una nueva etapa. Los líderes de ambos grupos anunciaron una tregua que fue presentada como una oportunidad histórica.
Hubo fotografías, compromisos públicos y mensajes de reconciliación. Durante algunas semanas, la expectativa creció entre sectores que esperaban una reducción sostenida de la violencia.
Sin embargo, los meses posteriores comenzaron a mostrar señales contradictorias. Diversos hechos violentos afectaron a personas consideradas cercanas al entorno de alias Castor.
Uno de los casos más comentados fue el ataque contra Julio Enrique Ruiz Polanía. El hombre recibió múltiples disparos y falleció semanas después.
Las autoridades relacionaron ese episodio con las tensiones persistentes entre estructuras rivales. La sensación de fragilidad alrededor de la tregua aumentó de inmediato.
Y cuando todavía no terminaban las preguntas sobre aquella muerte, una mujer vinculada durante años a la historia de Los Costeños fue ejecutada dentro de un conjunto residencial, en pleno día, frente a cámaras de seguridad y bajo circunstancias que para muchos parecen enviar un mensaje mucho más amplio que el dirigido a una sola persona.
Tras el asesinato surgieron nuevas revelaciones. El abogado de Mayira aseguró que existían alertas previas sobre amenazas recibidas durante meses.
Según sus declaraciones, se habían solicitado medidas de protección. También sostuvo que el crimen podía interpretarse como una advertencia contra quienes participaban en ciertos procesos de acercamiento.
Las autoridades, por ahora, mantienen abiertas varias líneas de investigación. Ninguna hipótesis definitiva ha sido confirmada públicamente.
Cinco horas después del homicidio ocurrió otro hecho inesperado. Alias Castor difundió un comunicado desde prisión.
En ese mensaje afirmó que los responsables materiales ya estaban identificados. Mencionó los alias de “Piraña” y “Rulay” como supuestos participantes del ataque.
Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. Aun así, generaron nuevas especulaciones en redes sociales y medios regionales.
La reacción pública se movió entre el miedo y la incertidumbre. Muchos ciudadanos volvieron a preguntarse si la violencia realmente había disminuido o simplemente había cambiado de forma.
El caso también reactivó interrogantes sobre los límites entre negociación, criminalidad y poder territorial. Preguntas incómodas que rara vez encuentran respuestas rápidas.
Mientras los investigadores revisan cámaras, testimonios y antecedentes, persiste una sensación difícil de ignorar. La de una historia que todavía no ha mostrado todas sus piezas.
Porque detrás de siete disparos y de unos segundos grabados por una cámara de seguridad parece existir un conflicto mucho más profundo. Uno que, según creen algunos observadores, sigue escribiéndose lejos de los reflectores y todavía guarda capítulos que nadie ha contado completos.
