¡SE GRITAN DE TODO! Senador del Verde se pelea con Luisa Alcalde por la Reforma Laboral

El tono ya no es de alianza, es de ruptura. Conforme se acercan las elecciones de 2027, lo que antes se maquillaba como diferencias internas hoy se expresa como una guerra abierta entre los socios del oficialismo, una pelea sin filtros por el control del poder, las candidaturas y, sobre todo, las reglas del juego.

Porque esta vez no se discute una reforma técnica. Se discute quién sobrevive políticamente.

En el centro del conflicto aparece el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien lanzó una frase que sonó más a ultimátum que a negociación: no hay trato si se tocan las plurinominales y el financiamiento de los partidos. Ese era, según él, el punto de partida mínimo para cualquier diálogo. Sin eso, no hay reforma, no hay consenso, no hay alianza.

¿Y qué hizo Luisa María Alcalde?

Insistió exactamente en lo contrario.

La dirigente de Morena volvió a empujar la reducción de plurinominales como eje de su propuesta, ignorando el acuerdo previo con sus aliados. Para el Verde, eso fue cruzar una línea. Melgar lo dijo sin rodeos: “Si saben contar, ya no cuenten con nosotros”. No fue metáfora, fue una advertencia matemática, política y simbólica.

El Verde, el mismo que durante años ha sido socio estratégico del obradorismo, empezó a marcar distancia. Y no por ideología, sino por supervivencia. Porque quitar plurinominales y reducir financiamiento no es una reforma moral, es una reforma de exterminio para los partidos pequeños.

¿Para qué cambiar las reglas si ya ganaron con las actuales?

Esa fue la pregunta que lanzó Melgar, y que nadie en Morena ha querido responder con claridad. Ganaron en 2018. Ganaron en 2024. Controlan el Congreso, la presidencia, la mayoría de los estados. Entonces, ¿qué urge modificar?

La respuesta que flota en el ambiente es incómoda: no quieren ganar, quieren asegurar que nadie más pueda competir.

En los pasillos del Senado se repite una palabra que antes sonaba exagerada y hoy se dice en voz baja: partido único. No un dominio electoral, sino un sistema donde las minorías desaparecen, donde la oposición se vuelve decorativa y donde la democracia se reduce a un trámite administrativo.

Como Cuba.

Así lo dijo uno de los analistas presentes en la conversación: no quieren alternancia, quieren permanencia. No quieren competencia, quieren control.

Y esa lógica se refleja en el nerviosismo interno de Morena. Porque mientras hacia afuera hablan de transformación, hacia adentro viven un canibalismo político cada vez más brutal. Gobernadores contra diputados, facciones contra facciones, grupos peleando candidaturas antes incluso de que arranque formalmente el proceso electoral.

El caso de Campeche se convirtió en una postal de ese desorden. Diez diputados de Morena rompieron con la gobernadora Layda Sansores, incluido el propio coordinador parlamentario, a quien ella acusa y contra quien existen órdenes de aprehensión. El resultado no es solo una crisis política, es un estado prácticamente ingobernable, con el partido gobernante dividido en bandos que se acusan mutuamente de corrupción, traición y abuso de poder.

Un estado fallido.

Eso es lo que algunos ya se atreven a decir. Y desde el punto de vista constitucional, lo que procedería sería incluso la desaparición de poderes, una facultad exclusiva del Senado. Pero nadie se atreve a tocar ese botón. Porque hacerlo implicaría reconocer que el proyecto de gobierno no solo está fallando, está colapsando desde dentro.

Y en medio de ese caos aparecen los aspirantes. Como Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, que sin pudor declaró que le valen los estatutos de Morena, que el nepotismo no le aplica y que si la “voluntad popular” quiere que él sea gobernador, entonces será gobernador.

Tejones porque no hay liebres.

Esa frase, más vulgar que política, resume el nuevo espíritu del movimiento: reglas flexibles, ética negociable y ambición sin disfraz.

Mientras tanto, Morena insiste en impulsar una reforma electoral que no logra explicar con argumentos técnicos, pero sí con urgencia política. Quieren redefinir quién cuenta los votos, cómo se custodian los paquetes electorales, quién controla los cómputos distritales. En otras palabras, quieren controlar toda la cadena del proceso.

Desde el INE hasta el Tribunal Electoral. Desde las casillas hasta el ejército.

El objetivo no es oculto. Es ganar por las buenas, por las malas o como sea.

Y cuando alguien cuestiona esa deriva autoritaria, la respuesta es siempre la misma: desviar la conversación. Sacar a García Luna, revivir viejos escándalos, apuntar al pasado para no hablar del presente. Pero dentro del propio oficialismo ya no todos compran esa narrativa.

El Verde no la compra.

Monreal no la compra.

Varios gobernadores no la compran.

Porque saben que esta reforma no es para fortalecer la democracia, sino para blindar al poder ante su propio desgaste. La violencia, la inseguridad, la crisis económica, el colapso de servicios públicos, la desconfianza institucional. Todo eso está erosionando la legitimidad del proyecto, y la respuesta no ha sido corregir, sino reescribir las reglas.

Lo más revelador no es el contenido de la reforma, sino la forma en que se discute. A gritos. Con amenazas. Con ultimátums. Con aliados que ya hablan como adversarios.

No es una coalición, es una jaula.

Y cada quien pelea por su espacio antes de que se cierre la puerta.