EL HIJO SOBREVIVIENTE LO IDENTIFICÓ | LO QUE LA FISCALÍA DE CDMX REVELÓ HOY | CASO CAMILO SÉPTIMO
Durante más de nueve horas, una sala judicial fue el escenario de dos versiones irreconciliables sobre un mismo hombre. Afuera, la familia de Jonathan Meléndez esperaba una resolución que podía marcar el rumbo de uno de los casos más estremecedores de Atizapán.
Dentro del juzgado de control de Tlalnepantla, la jueza terminó vinculando a proceso a Diego Sebastián Rosenferlini y Gerardo Cisneros. La decisión llegó después de una jornada en la que la Fiscalía presentó cerca de 70 datos de prueba.
Entre ellos aparecieron peritajes balísticos, declaraciones ante el Ministerio Público, entrevistas con testigos y grabaciones de videovigilancia. El material buscó reconstruir los movimientos de los dos acusados antes y después de aquella tarde.
Uno de los registros volvió a ocupar un lugar central. Diego Sebastián aparece dentro del elevador, con gorra, lentes oscuros y una mochila, avanzando hacia el departamento donde minutos después ocurrió la tragedia.
Pero había otras imágenes que no habían adquirido la misma exposición pública. Según lo presentado durante la audiencia, también existen registros de Gerardo Cisneros dentro del vehículo utilizado durante la huida.
La fiscalía sostuvo además el testimonio de una trabajadora de seguridad. Según su declaración, Diego Sebastián la habría amenazado con un arma equipada con silenciador para obligarla a levantar la pluma del estacionamiento.
Otro testimonio también adquirió especial relevancia. Se trata del amigo que acompañó a Jonathan Meléndez aquel día y que permaneció afuera del edificio mientras el músico subía a reunirse con su familia.
Según la declaración incorporada a la investigación, Jonathan le habría pedido que solicitara ayuda si transcurría media hora sin recibir noticias. Cuando el tiempo pasó y los mensajes dejaron de responderse, el testigo acudió a la vigilancia.
La defensa, sin embargo, cuestiona elementos de esa declaración. Rodrigo Pastrana, abogado de Diego Sebastián, ha expresado dudas sobre el testigo y sobre determinadas circunstancias que rodearon la investigación inicial.
Pastrana también aseguró públicamente que su cliente habría sido golpeado y torturado durante varios días después de su detención. Según esa versión, Diego Sebastián presentaría alucinaciones y una percepción profundamente alterada de la realidad.
Hasta ahora, esas afirmaciones no se han presentado públicamente como una denuncia formal acompañada de dictámenes médicos ante la jueza. La defensa anunció que solicitará peritajes psicológicos durante los cuatro meses fijados para la investigación complementaria.
Ese punto podría convertirse en una de las disputas más delicadas del proceso. Si los especialistas encontraran evidencia de una alteración mental relevante, el argumento tendría que ser evaluado dentro de los parámetros técnicos y jurídicos correspondientes.
Del otro lado, Hugo Salgado, representante legal de la familia de Jonathan, ha cuestionado esa narrativa. Según su postura, el comportamiento observado durante las audiencias no coincide con la imagen de una persona completamente desconectada de la realidad.
Salgado sostiene además que no se han presentado formalmente ante la jueza denuncias por golpes o tortura. Para la familia, la posibilidad de que el estado mental se convierta en el eje de la defensa genera una preocupación evidente.
La fiscalía también intentó modificar parte de la clasificación jurídica relacionada con las víctimas femeninas. Solicitó que los hechos contra Ana Paula Barragán, su hija Sofía y Aleida Romero fueran considerados feminicidios, aunque la jueza rechazó esa petición.
Los cargos por homicidio calificado, cometido contra dos o más personas, interrupción del embarazo y crueldad contra la mascota permanecieron vigentes. Nala, la Golden Retriever de la familia, también murió aquella noche.
En paralelo, la investigación mantiene una posible motivación económica. Según la carpeta, Jonathan y Diego Sebastián habrían mantenido una relación comercial relacionada con la renta de propiedades de lujo en lugares como Valle de Bravo y Tepostlán.
La fiscalía sostiene que entre ambos existía una disputa relacionada con una memoria USB. Presuntamente, el dispositivo contendría claves para acceder a una cantidad millonaria en criptomonedas almacenada en una cartera fría.
La memoria no ha sido localizada. Y esa ausencia deja abierta una de las preguntas que todavía atraviesan el expediente: qué ocurrió realmente con aquello que, según la investigación, podía representar un valor económico considerable.
También se señala que un día antes de los hechos Diego Sebastián habría encargado a Gerardo la compra de guantes, cinchos, cubrebocas, cinta adhesiva y desarmadores. La fiscalía considera que esos objetos guardan relación con la forma en que las víctimas fueron sometidas.
Pero la pieza que más impacto ha provocado fuera de la sala judicial apareció vinculada al único sobreviviente. El hijo de Jonathan y Ana Paula, de apenas seis años, habría identificado a Diego Sebastián como una de las personas presentes dentro del departamento.
El menor todavía no habría rendido declaración formal ante el Ministerio Público debido al impacto emocional sufrido. Sin embargo, según la información proporcionada sobre la investigación, ese reconocimiento ya forma parte de la carpeta y podría adquirir relevancia conforme avance el proceso.
Ese detalle cambia también la dimensión humana del expediente. Ya no se trata únicamente de videos, peritajes, testimonios adultos o documentos judiciales, sino de la memoria de un niño que sobrevivió a una noche que destruyó a su familia.
Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la existencia de dos carpetas de investigación abiertas contra Diego Sebastián que no estarían relacionadas directamente con el caso de Atizapán. Una correspondería a una investigación iniciada en 2007 por violencia familiar y otra, abierta este año, a una denuncia de amenazas presentada por una mujer de la tercera edad.
Las autoridades capitalinas tampoco descartan que puedan aparecer otras denuncias relacionadas con presuntos fraudes. Hasta el momento, esas investigaciones deben mantenerse separadas de la causa principal y no determinan por sí mismas la responsabilidad por los hechos de Atizapán.
Omar García Harfuch también ha señalado que la relación previa de confianza entre Jonathan y Diego Sebastián habría facilitado el acceso al inmueble. Esa hipótesis coincide con una de las preguntas centrales del expediente: cómo alguien conocido por la familia pudo acercarse hasta el interior sin despertar sospechas inmediatas.
La defensa, entretanto, enfrenta otro problema. Rodrigo Pastrana ha reconocido que podría abandonar la representación de Diego Sebastián debido a diferencias éticas con la estrategia que pretende seguir la familia del acusado.
El abogado ha dejado claro que no está dispuesto a utilizar argumentos que considere falsos. También ha descrito algunas posibles líneas defensivas como algo que su despacho no estaría dispuesto a convertir en una estrategia basada en afirmaciones que no puedan sostenerse.
La tensión aumenta porque ambas partes describen realidades completamente diferentes. Para la familia de Jonathan existe un acusado capaz de planificar, desplazarse, amenazar y actuar de manera consciente; para su defensa existe un hombre presuntamente golpeado, desorientado y psicológicamente afectado.
Y mientras esas dos versiones comienzan a enfrentarse, la investigación tendrá cuatro meses para determinar qué afirmaciones pueden convertirse en evidencia y cuáles permanecerán únicamente como declaraciones públicas, porque en ese periodo la fiscalía deberá defender sus cerca de 70 datos de prueba, la defensa tendrá que decidir si formaliza sus acusaciones de tortura y contaminación de la escena, Pastrana deberá definir si continúa en el caso y los peritos tendrán que establecer qué tan real y jurídicamente relevante es el supuesto deterioro mental de Diego Sebastián.
Por ahora, la jueza consideró suficientes los elementos para mantener el proceso contra ambos acusados. Eso no equivale a una sentencia y la investigación todavía puede modificar, fortalecer o debilitar distintas partes de la acusación.
Lo que permanece es una cadena de preguntas. La memoria USB sigue sin aparecer, las acusaciones de tortura esperan respaldo pericial, el futuro del abogado está en duda y el testimonio del menor todavía enfrenta el proceso necesario antes de convertirse formalmente en declaración.
En medio de todo ello queda la imagen más difícil de apartar de este expediente. Un niño de seis años que sobrevivió a aquella noche y que, según la información presentada, habría reconocido a un hombre que conocía la familia.
Su identificación no resuelve por sí sola el caso. Pero desde ahora, según la información proporcionada, forma parte de una investigación que acaba de entrar en una etapa mucho más compleja.
