Hay ausencias que comienzan con una llamada sin respuesta. La de Carlos Emilio comenzó cuando entró al baño de un bar en Mazatlán y nunca regresó a la mesa.
Era la madrugada del 5 de octubre de 2025. Carlos Emilio Galván Valenzuela tenía 21 años, estaba por cumplir 22 y acababa de terminar la carrera de gastronomía.
Había viajado desde Durango con su familia para pasar unos días en la playa. Según su madre, no era un viaje de excesos, sino un plan familiar que terminó convirtiéndose en una búsqueda de un año.
Aquella noche estaba en Terraza Valentino, en la zona dorada de Mazatlán, acompañado por dos primas. Vestía pantalón de mezclilla oscuro, playera negra con letras blancas y tenis blancos con detalles negros.
Pasadas las dos de la mañana dijo que iría al baño. Las primas esperaron, primero unos minutos y después más tiempo, hasta que una de ellas decidió ir a buscarlo.
Según la versión difundida por la familia, un guardia de seguridad le impidió pasar. Durante aproximadamente media hora, siempre según ese relato, el personal habría puesto distintos obstáculos para que pudiera acceder al área.
También apareció otro detalle: las familiares habrían visto unos zapatos dentro del área del baño que no correspondían a los que llevaba Carlos Emilio. Su teléfono seguía sonando, pero nadie contestaba.
Brenda Valenzuela Hill comenzó entonces una carrera contra el tiempo. Buscó hospitales, acudió ante autoridades y repitió una y otra vez la descripción de su hijo.
La denuncia formal fue presentada el lunes y la Fiscalía de Durango emitió una ficha de búsqueda. El caso quedó registrado como privación de la libertad.
Desde entonces, la familia cambió completamente su vida. Brenda permaneció en Mazatlán durante los primeros días y asumió gastos de alojamiento, comida y traslados mientras intentaba encontrar alguna pista.
Uno de los primeros puntos de conflicto fueron las cámaras. La familia pidió acceder a las grabaciones del establecimiento, precisamente porque se trataba de un lugar con vigilancia y personal de seguridad.
Veinte días después de la desaparición, la Fiscalía de Sinaloa cateó Terraza Valentino. Los peritos revisaron accesos, baños, bodegas y el sistema de videovigilancia, pero los resultados de esas diligencias no fueron difundidos públicamente en detalle.
El establecimiento estaba relacionado con Ricardo Jesús Belarde Cárdenas, conocido como Pity Belarde, quien entonces era secretario de Economía de Sinaloa. Posteriormente renunció al cargo, aunque el vicefiscal Isaac Caguayo Roacho aclaró que no operaba directamente el negocio y que no era investigado de forma directa.
Mes y medio después apareció uno de los datos más importantes de la investigación. Según declaró el vicefiscal, las cámaras mostraban a Carlos Emilio saliendo por su propio pie y siguiendo a un hombre hacia una puerta trasera lateral.
Después, según esa misma versión, dos hombres lo llevaron hacia un vehículo estacionado frente al establecimiento. La camioneta se habría dirigido hacia Lomas de Mazatlán y posteriormente habrían intervenido otros vehículos.
Pero las imágenes tenían una limitación decisiva. La autoridad señaló que la calidad de las grabaciones no permitía determinar si Carlos Emilio estaba siendo amenazado o actuaba bajo algún tipo de coacción.
Y ahí quedó uno de los grandes vacíos del caso: las cámaras aparentemente mostraban una ruta de salida, pero no explicaban qué ocurrió dentro de esos minutos, quién era el hombre que lo guió, qué sucedió después ni por qué el joven jamás volvió a comunicarse con su familia.
La familia continuó buscando respuestas mientras aparecían otras líneas. Según información periodística, la última señal de su teléfono habría sido localizada en un departamento de Mazatlán, aunque este dato no ha sido presentado como una conclusión definitiva.
También circuló una hipótesis que relacionaba la desaparición con Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, señalado en reportes periodísticos como operador criminal en Mazatlán. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado públicamente esa conexión.
Otro antecedente mencionado por medios resulta inquietante. En otro bar de Mazatlán vinculado al mismo empresario, tres jóvenes habrían desaparecido de manera parecida y posteriormente fueron localizados, aunque no se informó públicamente con precisión cómo ni en qué condiciones.
Mientras las hipótesis avanzaban lentamente, Brenda convirtió la búsqueda en una presencia pública constante. Viajó a Washington, acudió a Palacio Nacional y llegó incluso a revisar fosas clandestinas en Concordia.
También llevó el rostro de Carlos Emilio a distintos espacios públicos. En junio colocó una manta en el Monumento a la Revolución y posteriormente extendió cientos de lonas en la Glorieta de las y los Desaparecidos.
En febrero, la Fiscalía General de la República atrajo el caso por su relevancia. Omar García Harfuch habló públicamente de la privación de la libertad de un joven proveniente de Durango y aseguró que se buscaría detener a los involucrados.
Sin embargo, al cumplirse un año, no se había informado públicamente de detenidos por la desaparición. La ausencia de resultados visibles se convirtió en otra fuente de frustración para la familia.
Brenda también denunció dificultades para obtener apoyo institucional. Según su relato, tuvo que recurrir a un amparo después de que se le negara asistencia para gastos relacionados con traslados, hospedaje y alimentación.
Un juez le dio la razón, aunque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas impugnó la decisión. Para Brenda, aquello representaba una forma de violencia institucional y una nueva victimización.
Hace apenas unas semanas, según la información proporcionada, la FGR citó a comparecer a Pity Belarde y al vicefiscal Isaac Caguayo Roacho. Ser citado a comparecer no significa ser culpable, pero muestra que determinadas actuaciones y declaraciones siguen bajo revisión.
La escena central continúa siendo la misma: un joven que entra al área de un baño, sale por una puerta trasera acompañado por otra persona, llega hasta un vehículo y desaparece, mientras su familia lleva 365 días intentando reconstruir aquellos minutos.
Y si las cámaras captaron su salida, si aparentemente existe un vehículo identificado, si algunos rostros pudieron distinguirse y si hubo posteriores cateos, la gran pregunta permanece suspendida sobre el expediente: ¿qué ocurrió después de que Carlos Emilio salió de aquel bar y por qué, un año después, todavía nadie ha logrado llevarlo de regreso a casa?
Brenda no ha dejado de buscarlo. En su casa, según sus propias palabras, el lugar de Carlos Emilio permanece intacto, como si todavía existiera la posibilidad de que algún día vuelva a ocuparlo.
Su mensaje tampoco ha cambiado. No pide una explicación perfecta ni una promesa política; pide encontrar a su hijo y poder abrazarlo nuevamente.
Después de 365 días, la historia ya no puede medirse solamente en fechas. Se mide en llamadas sin respuesta, cámaras que muestran apenas una parte, diligencias cuyos resultados no se hicieron públicos y una madre que continúa preguntando qué más tiene que hacer para que Carlos Emilio vuelva a casa.
