La pista de 800 metros: la confesión de un capturado cambió el caso de María Camila Potosí

La esperanza a veces sobrevive incluso cuando todas las señales parecen ir en sentido contrario. Durante varios días, miles de personas siguieron el caso de María Camila Potosí aferrándose a una sola posibilidad: que la pequeña Alaya aún estuviera con vida en algún lugar desconocido.

Esa expectativa comenzó a desmoronarse cuando una nueva pieza apareció dentro de la investigación. No fue una cámara de seguridad ni un testigo inesperado, sino, según las versiones oficiales, la declaración de uno de los capturados que decidió colaborar con las autoridades.

A partir de esa información, los investigadores cambiaron el rumbo de la búsqueda. Equipos del CTI, Policía y organismos de emergencia se desplazaron nuevamente hacia la ribera del río Meléndez, un sector que ya había sido inspeccionado durante los primeros operativos sin obtener resultados.

Según lo informado por las autoridades y por medios locales, el nuevo recorrido no fue producto del azar. El capturado habría señalado un punto específico donde, presuntamente, se encontraban los restos de la bebé que María Camila esperaba con ocho meses de gestación.

El hallazgo abrió un nuevo capítulo en un expediente que ya era considerado uno de los más complejos de los últimos años en Cali. Sin embargo, en ese momento las autoridades insistían en que la identidad de los restos debía ser confirmada mediante los análisis del Instituto de Medicina Legal.

Mientras avanzaban las pruebas forenses, la familia decidió aferrarse a una última esperanza. La madre de María Camila expresó públicamente que esperaba que los exámenes demostraran que el cuerpo encontrado no correspondía a su nieta.

Ese contraste entre la evidencia recolectada y la esperanza familiar conmovió profundamente a la opinión pública. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad, pero también de preguntas sobre cómo pudo construirse un plan de semejante magnitud sin despertar sospechas antes.

La investigación empezó entonces a reconstruir las relaciones personales alrededor de la víctima. Según la cronología presentada por la Policía Nacional, María Camila no habría sido abordada por desconocidos, sino por personas que formaban parte de su entorno desde hacía varios años.

De acuerdo con esas versiones, Juliet habría conocido a María Camila desde la juventud. Esa cercanía habría facilitado, presuntamente, la construcción de un vínculo de confianza que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más analizados por los investigadores.

Las autoridades sostienen que Juliet incluso acompañaba ocasionalmente a María Camila a controles relacionados con su embarazo. Aunque no pertenecía oficialmente al programa municipal para madres gestantes, esa presencia constante habría fortalecido la relación entre ambas.

Según la hipótesis investigativa, esa confianza permitió preparar un plan que habría comenzado varios días antes del crimen. Los investigadores creen que la logística no habría sido improvisada y que distintas personas habrían asumido funciones específicas durante su ejecución.

En esa reconstrucción aparecen los nombres de varios hombres capturados junto con Juliet. Todos enfrentarán el proceso judicial correspondiente y será la justicia la que determine su grado de responsabilidad individual.

Los investigadores sostienen que el recorrido realizado el 16 de julio habría sido cuidadosamente planeado. María Camila habría sido trasladada hasta un sector de La Buitrera, donde, según la versión oficial, ya la esperaban otros implicados.

Posteriormente, la víctima habría sido llevada hacia otro punto de la ciudad. Allí, siempre según la hipótesis presentada por la Fiscalía y la Policía, se habría consumado el crimen antes de abandonar el cuerpo en inmediaciones del río.

Otra de las líneas que llamó la atención de los investigadores fue el posible móvil económico detrás de la organización del grupo. Versiones conocidas durante las audiencias señalan que Juliet habría prometido una suma de dinero a los demás participantes para colaborar en el plan.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el monto exacto de ese supuesto pago. Tampoco existe confirmación judicial definitiva sobre las condiciones en que habría sido pactado ese acuerdo.

Lo que sí trascendió es que, según esas versiones, la promesa económica no habría sido cumplida. Ese incumplimiento habría generado tensiones internas que terminaron influyendo en la decisión de uno de los capturados de colaborar con la investigación.

Mientras tanto, la presión policial aumentaba. El llamado “plan rastrillo” mantenía desplegados numerosos equipos de búsqueda en diferentes sectores de Cali, incrementando el temor entre quienes, presuntamente, intentaban evitar ser capturados.

Las autoridades también informaron que algunos de los implicados habrían viajado hasta el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca. Allí, según la investigación, presuntamente realizaban diligencias relacionadas con la obtención de documentos para abandonar el país.

Ese movimiento despertó nuevas sospechas dentro del proceso. Poco después se produjeron las capturas que permitieron abrir una nueva etapa de interrogatorios y reconstrucciones judiciales.

Y fue precisamente cuando uno de los detenidos decidió señalar el lugar exacto donde, según las autoridades, habían sido abandonados los restos de la bebé, que toda la investigación cambió de dirección, derrumbando la esperanza de la familia y revelando que detrás del crimen, presuntamente, existía una organización mucho más amplia de lo que inicialmente se había imaginado.

A pesar de los avances, todavía permanecen numerosos interrogantes. Los investigadores continúan reconstruyendo las comunicaciones entre los implicados, el origen de la planificación y la posible participación de otras personas que, hasta ahora, no han sido vinculadas formalmente al proceso.

Especialistas consultados por distintos medios consideran que este tipo de investigaciones requieren prudencia. Muchas de las hipótesis conocidas corresponden a la etapa preliminar y deberán ser respaldadas con evidencia durante el juicio.

El caso también abrió un debate sobre los mecanismos de confianza dentro de comunidades donde víctimas y presuntos responsables mantienen vínculos previos. Para varios analistas, ese elemento podría haber sido determinante para facilitar los acontecimientos investigados.

Mientras Medicina Legal completa los dictámenes correspondientes y la Fiscalía fortalece su expediente, el país continúa pendiente de cada audiencia. La historia de María Camila Potosí aún no ha llegado a su capítulo final y, según reconocen los propios investigadores, todavía quedan preguntas cuya respuesta podría modificar nuevamente la comprensión completa de este caso.