Hay escenas que parecen quedarse suspendidas en el tiempo. Un hombre habla frente a decenas de personas en un parque de Bogotá, alguien avanza entre la multitud y, segundos después, el país entero cambia de conversación.
Un año después del atentado contra Miguel Uribe, las heridas políticas siguen abiertas. Pero las preguntas más incómodas ya no se concentran únicamente en los autores materiales, sino en quién pudo haber estado detrás de la decisión que terminó desencadenando el ataque.
La tarde del 7 de junio de 2025 comenzó como una jornada de campaña más. Comerciantes, simpatizantes y vecinos se reunían para escuchar al entonces precandidato presidencial.
Entre ellos estaba una joven que se encontraba en un salón de belleza cercano. Según su relato, Miguel Uribe entró, conversó con ella durante unos minutos y hasta tomó una fotografía con su teléfono.
Nadie imaginaba que esos serían algunos de los últimos momentos de aparente normalidad. Minutos después, el político caminaba hacia el lugar donde ofrecería un discurso público.
Los testimonios coinciden en un detalle. El ambiente parecía rutinario y no existía una percepción inmediata de peligro entre quienes asistían al evento.
Cuando Miguel Uribe tomó la palabra, la atención de todos estaba concentrada en el escenario improvisado. Algunos asistentes grababan videos mientras otros escuchaban desde varios metros de distancia.
Entonces llegaron los disparos.
Los relatos describen confusión, humo, gritos y personas buscando refugio. Durante varios segundos nadie comprendía exactamente qué estaba ocurriendo.
Un edil que se encontraba en el lugar recuerda haber visto cómo el atacante avanzó algunos pasos antes de disparar. Según esa versión, el agresor habría aprovechado un movimiento específico de la víctima para ejecutar el ataque.
Otros testigos recuerdan el instante posterior. Miguel Uribe cayó al suelo mientras decenas de personas corrían en distintas direcciones.
Una mujer aseguró que lo primero que le llamó la atención fue la ausencia de una protección visible alrededor del candidato. Esa observación terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más debatidos durante los meses siguientes.
Con el paso del tiempo surgieron nuevas preguntas sobre el esquema de seguridad asignado. Familiares y allegados sostuvieron que los recursos de protección eran inferiores a los de otros dirigentes políticos con perfiles similares.
Ese elemento comenzó a alimentar hipótesis. No necesariamente sobre la autoría del atentado, sino sobre las condiciones que habrían facilitado su ejecución.
La investigación avanzó y las autoridades señalaron como responsables a integrantes vinculados con estructuras criminales. Sin embargo, para algunos observadores, esa explicación nunca terminó de cerrar completamente el caso.
El debate cambió de dirección cuando comenzaron a aparecer declaraciones que sugerían una posible dimensión política detrás del crimen. Se trataba de afirmaciones graves que hasta hoy no han sido demostradas judicialmente.
Uno de los testimonios más llamativos fue el de quienes consideran improbable que un grupo armado hubiera tomado la decisión por iniciativa propia. Según esa visión, habría existido algún tipo de interés externo capaz de incentivar el atentado.
No se presentaron pruebas públicas concluyentes que respalden esa hipótesis. Aun así, la idea empezó a circular con fuerza en ciertos sectores políticos y mediáticos.
La discusión se volvió todavía más intensa cuando surgieron cuestionamientos sobre los posibles beneficios políticos derivados del ataque. Algunos analistas señalaron que la muerte de una figura relevante puede alterar por completo el equilibrio de una campaña electoral.
Esa posibilidad abrió un terreno lleno de especulaciones. También obligó a separar cuidadosamente los hechos comprobados de las interpretaciones.
Mientras tanto, la familia de Miguel Uribe comenzó otra batalla. Ya no relacionada únicamente con la identificación de los responsables, sino con el tratamiento judicial de quienes participaron en la operación criminal.
Su padre denunció públicamente desacuerdos con la Fiscalía respecto a posibles acuerdos judiciales. Según sus declaraciones, no estaría dispuesto a aceptar beneficios para algunos de los implicados.
El centro de la controversia gira alrededor de alias “El Costeño”. De acuerdo con lo expresado por la familia, existirían 175 pruebas que vincularían a este individuo con el atentado.
La posición familiar es clara. Consideran que no ha existido una colaboración suficiente con la justicia que justifique reducciones de condena.
Las autoridades no han confirmado públicamente todos los alcances de esas afirmaciones. Sin embargo, el debate volvió a poner bajo la lupa la manera en que se negocian ciertos procesos penales de alto impacto.
Paralelamente apareció otro elemento que alimentó las sospechas. La filtración de testimonios reservados dentro de la investigación.
Para algunos observadores, la divulgación de información confidencial pudo haber afectado la búsqueda de personas clave. Otros consideran que esas filtraciones respondieron a intereses aún desconocidos.
Uno de los nombres mencionados en distintos relatos es alias Yaco. Según versiones divulgadas por personas cercanas al caso, este individuo podría representar un eslabón importante dentro de la cadena de responsabilidades.
Sin embargo, su paradero continúa siendo motivo de incertidumbre. Esa ausencia alimenta la sensación de que todavía existen piezas faltantes en el rompecabezas.
Y es precisamente ahí donde la historia adquiere una dimensión mucho más inquietante porque mientras los autores materiales han sido identificados, algunos intermediarios han aparecido en expedientes y testimonios, otros permanecen desaparecidos y la pregunta sobre quién obtuvo realmente un beneficio político o estratégico de la muerte de Miguel Uribe continúa flotando sobre el caso sin una respuesta definitiva.
Las reacciones sociales tampoco han disminuido con el paso de los meses. Por el contrario, el atentado terminó convirtiendo a Miguel Uribe en un símbolo para amplios sectores de la población.
Algunos consideran que el crimen fortaleció las posiciones políticas que pretendía debilitar. Otros creen que el impacto emocional modificó la percepción ciudadana sobre la seguridad y la violencia electoral.
Lo cierto es que el atentado dejó consecuencias que van mucho más allá de una campaña presidencial. También reabrió recuerdos de los magnicidios que marcaron la historia colombiana durante las décadas de 1980 y 1990.
Para muchos ciudadanos, esa conexión histórica resulta inevitable. Las imágenes de un líder político atacado en plena actividad pública evocan episodios que el país creía haber dejado atrás.
A un año de los hechos, la investigación sigue avanzando. Existen detenidos, procesos judiciales y múltiples líneas de trabajo.
Pero la pregunta más importante continúa siendo la misma. No quién apretó el gatillo, sino quién tomó la decisión de convertir a Miguel Uribe en objetivo.
Quizá esa sea la razón por la que el caso sigue generando tanta atención. Porque detrás de cada captura, de cada testimonio y de cada documento aparece la sensación persistente de que todavía hay una parte de la historia que no ha sido contada por completo.
Y mientras esa respuesta permanezca oculta, el atentado contra Miguel Uribe seguirá siendo mucho más que un expediente judicial. Será una investigación abierta en la memoria política de Colombia.
