CAYERON EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR: EL ESCÁNDALO HUACHICOLERO QUE SACUDE A TEZONTEPEC

La mañana del 12 de mayo comenzó con patrullas atravesando calles silenciosas de Tezontepec de Aldama mientras vecinos miraban desde lejos sin entender del todo qué estaba pasando. Algunos pensaron que se trataba de otro operativo rutinario contra narcomenudistas, pero minutos después los nombres comenzaron a circular y el ambiente cambió por completo.

El detenido no era un sicario cualquiera ni un presunto operador clandestino. Era Raimundo Serrano Gómez, director de Seguridad Pública municipal, esposado frente a la corporación que durante más de un año estuvo bajo su mando.

Junto a él fueron arrestados el subdirector identificado como CHBM y un expolicía preventivo. Las capturas ocurrieron tras cateos simultáneos realizados por fuerzas estatales, Sedena y autoridades ministeriales de Hidalgo.

La imagen dejó una sensación incómoda en el Valle del Mezquital. Porque cuando quienes debían combatir a las células huachicoleras terminan investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado, la frontera entre autoridad y delincuencia comienza a verse demasiado difusa.

Tezontepec no es cualquier municipio. Está ubicado en una de las zonas más golpeadas por el robo de combustible, rodeado por corredores estratégicos donde durante años se han detectado tomas clandestinas conectadas a ductos de Pemex.

En esa región operan grupos enfrentados por el control del huachicol, según reconocen autoridades estatales. Las disputas han dejado ejecuciones, incendios provocados y ataques armados que han convertido al Valle del Mezquital en uno de los focos rojos de Hidalgo.

De acuerdo con cifras oficiales, Hidalgo acumula más de 30 mil tomas clandestinas detectadas desde 2018. Eso significa que el robo de hidrocarburos no funciona como una actividad aislada, sino como una estructura constante que necesita protección, vigilancia y redes locales.

Por eso el operativo del 12 de mayo no fue interpretado como una simple captura. Para muchos habitantes representó la confirmación de sospechas que desde hace tiempo circulaban entre pasillos municipales y conversaciones privadas.

Raimundo Serrano Gómez había sido nombrado director de Seguridad Pública el 18 de marzo de 2025. Su designación fue respaldada directamente por la alcaldesa Ana María Rivera Contreras tras la salida de Liborio Cornejo Pérez.

En aquel momento, el cambio fue presentado como parte de una transición ordenada dentro de la corporación. Nadie habló públicamente de alertas internas ni investigaciones abiertas.

Sin embargo, catorce meses después, el mismo funcionario terminó detenido bajo acusaciones relacionadas con presuntos nexos criminales. El contraste golpeó con fuerza la narrativa institucional construida alrededor del gobierno municipal.

Las autoridades informaron que durante los cateos fueron aseguradas drogas, cartuchos útiles, cargadores de arma larga y teléfonos celulares. Pero hubo un hallazgo que provocó especial inquietud: dos tablas de castigo.

Ese detalle apareció casi perdido dentro del comunicado oficial. Aun así, bastó para encender alarmas entre periodistas y especialistas en seguridad.

Según versiones relacionadas con investigaciones criminales en distintas regiones del país, las llamadas tablas de castigo suelen estar asociadas a métodos de tortura utilizados por grupos delictivos. No se ha confirmado para qué eran utilizadas en este caso específico, pero su presencia dentro de inmuebles ligados a mandos policiales levantó preguntas difíciles de ignorar.

La reacción pública fue inmediata. En redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes cuestionando cómo una corporación municipal pudo operar durante meses sin que nadie detectara irregularidades.

Otros dirigieron las críticas hacia la alcaldesa Ana María Rivera Contreras. Sobre todo porque en Tezontepec la designación del director de Seguridad Pública depende directamente de la presidencia municipal.

La propia alcaldesa aseguró que se enteró de la detención mientras participaba en un evento público. También declaró que su administración no encubrirá actos de corrupción ni conductas fuera de la ley.

Sus declaraciones no terminaron de calmar las dudas. Para parte de la opinión pública, resultó difícil entender cómo un director policial investigado por presuntos vínculos criminales pudo mantenerse tanto tiempo dentro de la estructura municipal sin señales visibles de alarma.

El contexto tampoco ayuda. En los últimos años, Hidalgo ha enfrentado una escalada de violencia ligada a grupos dedicados al robo de combustible, narcomenudeo y extorsión.

Las autoridades estatales reconocen disputas entre organizaciones criminales en la región. Algunas investigaciones incluso relacionan ciertos episodios violentos con fracturas internas dentro de esas células.

En medio de ese escenario apareció el nombre de Raimundo Serrano Gómez. Y con él volvió una discusión incómoda que persigue desde hace años al sistema de seguridad mexicano: la vulnerabilidad de las policías municipales frente al crimen organizado.

Omar García Harfuch ha mencionado en distintas ocasiones que las corporaciones locales son uno de los puntos más frágiles dentro de la estrategia nacional de seguridad. El caso de Tezontepec parece reforzar precisamente esa preocupación.

Pero también deja otra pregunta flotando. Si las autoridades federales reconocen desde hace tiempo la infiltración criminal en policías municipales, ¿por qué la mayoría de las intervenciones ocurre solo después de que la situación ya explotó públicamente?

La captura ocurrió tras meses de trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas, según versiones oficiales. Eso significa que las sospechas existían desde antes y que alguien dentro de las instituciones ya observaba movimientos considerados preocupantes.

Y mientras las investigaciones avanzaban en silencio, la corporación continuaba operando normalmente, patrullando calles y participando en tareas de seguridad cotidiana dentro de uno de los municipios más sensibles de Hidalgo.

Entonces apareció otro detalle relevante: entre lo asegurado había cargadores calibre .223, utilizados comúnmente en fusiles tipo AR-15. Ese tipo de munición no suele formar parte del equipamiento estándar de policías municipales.

La presencia de ese material alimentó todavía más las sospechas sobre posibles conexiones con estructuras criminales armadas. Aunque las autoridades no han confirmado el origen específico de los cargadores, el hallazgo se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso.

En Tezontepec comenzaron a circular interpretaciones de todo tipo. Algunos habitantes sostienen que la captura demuestra que finalmente se está actuando contra redes infiltradas.

Otros creen que apenas se está viendo una parte mínima del problema. Sobre todo porque el huachicol en Hidalgo no funciona únicamente con perforaciones clandestinas, sino con cadenas completas de protección territorial y logística.

La caída del director y del subdirector municipal también reavivó críticas contra todos los partidos políticos. Porque aunque la oposición suele señalar al gobierno federal por la crisis de seguridad, este caso ocurrió dentro de un municipio gobernado por una coalición PAN-PRI-PRD.

Esa contradicción fue aprovechada por distintos sectores políticos y usuarios en redes. Algunos acusaron hipocresía discursiva; otros insistieron en que la infiltración criminal atraviesa estructuras de todos los colores partidistas.

Y mientras continúan los debates públicos, las investigaciones judiciales siguen abiertas. Hasta ahora no se ha confirmado una sentencia ni responsabilidades definitivas contra los detenidos.

Pero el golpe simbólico ya está hecho. Porque más allá de lo que determine el proceso legal, la imagen de mandos policiales arrestados en pleno corazón huachicolero volvió a exhibir un problema estructural que México arrastra desde hace años.

La sensación que queda en Tezontepec es extraña. Como si detrás de los comunicados oficiales todavía existieran piezas que no terminan de encajar completamente.

Porque en una región donde el combustible robado mueve millones, donde las organizaciones criminales disputan territorio y donde las corporaciones municipales sobreviven con recursos limitados, muchos se preguntan si realmente bastará con detener a tres funcionarios para desmontar una estructura mucho más grande.

Y quizá esa sea la pregunta más inquietante de todas: cuántos casos similares continúan funcionando en silencio mientras las instituciones siguen actuando solamente cuando el escándalo ya no puede ocultarse.