El Caso de Leyla Monserrat: el video enviado a su madre y la sentencia que divide a México

Hay historias que no terminan cuando se apaga una cámara, sino cuando alguien decide presionar “enviar”. En este caso, ese momento ocurrió meses después, cuando un video llegó a manos de una madre que ya había perdido todo.

Leyla Monserrat Lares Becerra tenía 15 años y vivía en Sonoita, Sonora. Según el testimonio de su familia, llevaba una vida cotidiana, marcada por la escuela, amistades y rutinas propias de su edad.

El 25 de septiembre de 2025, salió con dos adolescentes que, según versiones, eran sus amigas. Le dijeron que tenían una sorpresa preparada, una promesa que terminó llevándola a un lugar apartado en el desierto.

De acuerdo con lo reconstruido, el encuentro comenzó con un gesto aparentemente inofensivo. La sentaron, le cubrieron los ojos y le pidieron que esperara, como parte de esa supuesta sorpresa.

Sin embargo, lo que siguió dista de cualquier explicación lógica. Según las investigaciones, en ese momento fue atacada por las mismas jóvenes que la habían llevado hasta allí.

El caso adquiere una dimensión aún más perturbadora por un elemento adicional. Todo habría sido grabado por las propias agresoras, en un registro que posteriormente circularía de forma inesperada.

Un día después, su familia inició la búsqueda, sin imaginar el desenlace. Durante varios días, la esperanza se mantuvo, aunque la incertidumbre crecía con cada hora.

El 2 de octubre, el cuerpo fue localizado enterrado en el patio de una vivienda. Según los reportes, había sido cubierto con cal, lo que complicó las condiciones en que fue encontrado.

En un primer momento, las autoridades consideraron la posible participación de un hombre identificado como Martín. Sin embargo, esa línea fue descartada tras su fallecimiento, cuyas circunstancias no han sido completamente aclaradas.

Con el avance de la investigación, la atención se centró en dos adolescentes, de 13 y 15 años. Por tratarse de menores de edad, sus identidades no han sido reveladas públicamente.

Según lo expresado por la madre de la víctima, el móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto personal. Se menciona una disputa por un joven, aunque este elemento no ha sido confirmado oficialmente como causa única.

Lo que sí parece claro es que no se trató de un hecho impulsivo. Las versiones apuntan a una planificación previa, desde la invitación hasta la ejecución del ataque.

Y es precisamente esa combinación de confianza, premeditación y registro en video lo que convierte este caso en uno de los más inquietantes, porque no solo habla de un acto violento, sino de una dinámica en la que la víctima fue conducida paso a paso hacia una situación sin salida, mientras quienes participaban parecían conscientes de cada movimiento que estaban realizando.

Meses después, el video llegó a la madre de Leyla. No se ha confirmado cómo ocurrió, pero su difusión también alcanzó redes sociales, generando una reacción inmediata.

La circulación de ese material ha sido ampliamente criticada. Diversos sectores consideran que su difusión no solo vulnera la memoria de la víctima, sino que añade una capa de dolor innecesaria para su familia.

En marzo de 2026, se dictó sentencia contra las dos adolescentes. La joven de 15 años recibió una medida de internamiento de dos años y diez meses, mientras que la de 13 años quedó bajo libertad asistida por once meses.

Además, se estableció una reparación económica que, según la madre, no cubre ni siquiera los gastos funerarios. Esta decisión ha generado un debate profundo sobre la proporcionalidad de las penas.

El caso ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema de justicia para adolescentes en México. La legislación vigente establece restricciones claras en cuanto a las sanciones aplicables a menores de edad.

Expertos señalan que estas normas buscan priorizar la reinserción, pero en casos de alta gravedad generan una percepción de impunidad. Este contraste se refleja en la reacción social, que ha sido mayoritariamente crítica.

Comparaciones con casos internacionales también han surgido en el debate público. Algunos señalan diferencias en la forma en que otros países procesan delitos cometidos por menores, aunque cada sistema responde a contextos legales distintos.

Mientras tanto, la madre de Leyla continúa exigiendo justicia. En sus declaraciones, insiste en que la sanción no corresponde al daño causado y que el caso no debe quedar en el olvido.

La pregunta que permanece abierta no es solo qué ocurrió, sino qué significa este caso dentro de un contexto más amplio. Un sistema legal, una sociedad y una serie de decisiones que siguen siendo cuestionadas.

Y como ocurre en muchas historias que alcanzan esta dimensión, la sensación persistente es que aún hay elementos que no han sido completamente esclarecidos, detalles que podrían cambiar la comprensión del caso y que, por ahora, permanecen fuera del alcance público.