En Malambo, Atlántico, el asesinato de dos adolescentes no solo dejó dolor en una familia, también abrió una ventana a una historia que parece sacada de un guion oscuro de crimen real. A medida que avanzan las investigaciones, cada nuevo detalle revela una cadena de engaños, manipulación emocional y una frialdad que sigue provocando indignación en todo el país.
Las víctimas eran hermanas.
Shiridan Sofía Hernández Noriega tenía 14 años.
Keila Nicole Hernández Noriega tenía 17.
Vivían con su madre en el barrio Maranata, un lugar donde las calles suelen llenarse de música en los carnavales y donde los vecinos se conocen entre sí. Nadie imaginaba que detrás de los mensajes que recibían las jóvenes en sus teléfonos se estaba formando una trampa.
Porque todo empezó con chats.
Los investigadores encontraron conversaciones que hoy forman parte de las pruebas judiciales. En ellas aparecen los nombres de dos jóvenes que actualmente son señalados como responsables: Juan David Taboada Olivera, conocido como “Tata”, de 19 años, y un menor de 17 años que figura como coautor del doble homicidio.
Los mensajes muestran cercanía.
Palabras de afecto, bromas, conversaciones nocturnas, y el lenguaje típico de dos relaciones que parecían noviazgos. Las hermanas se dirigían a ellos con confianza, como si fueran personas cercanas, alguien con quien podían encontrarse sin miedo.
Ese vínculo fue el camino hacia la emboscada.
La fiscalía sostiene que los chats evidencian cómo se fue construyendo la relación entre las jóvenes y los sospechosos días antes del crimen. La comunicación comenzó alrededor del 15 de febrero, apenas tres días antes de que las hermanas desaparecieran.
Mientras tanto, alguien más ya estaba moviendo las piezas.
La madre de las jóvenes, Maric Cruz Noriega, empezó a notar señales que la inquietaban. En su testimonio ante las autoridades explicó que pudo revisar el WhatsApp de su hija menor porque la sesión estaba abierta en su celular.
Lo que encontró la alarmó.
Había mensajes con varias personas, entre ellas los dos jóvenes que hoy están bajo investigación. Según contó después, las conversaciones le hicieron sospechar que sus hijas estaban relacionándose con personas vinculadas a estructuras criminales.
Por eso les advirtió que se alejaran.
Pero nadie escuchó.
Los chats continuaron, los mensajes de cariño también, y las invitaciones a verse se volvieron cada vez más frecuentes. Todo parecía normal para dos adolescentes que confiaban en quienes estaban al otro lado del teléfono.
Hasta que llegó el día que lo cambió todo.
Aquella noche, las hermanas le dijeron a su madre que ya estaban acostadas y que no saldrían de casa. Incluso ella les envió dinero para que compraran algo de comer, convencida de que la noche terminaría sin sobresaltos.
Pero no era verdad.
Mientras esos mensajes llegaban al teléfono de la madre, las jóvenes ya estaban preparándose para salir. Un mensaje directo habría sido suficiente para convencerlas.
“Si quieren, vengan ya”.
Las hermanas pidieron un transporte y abandonaron la casa sin permiso. Probablemente creían que iban a encontrarse con sus parejas, pero en realidad estaban caminando hacia una emboscada.
Ese fue el último momento en que alguien las vio libres.
Cuando Maric Cruz Noriega empezó a notar que sus hijas no regresaban, hizo lo que cualquier madre haría: comenzó a llamar a las personas con las que ellas habían estado hablando.
La respuesta fue el silencio.
Varios números dejaron de contestar. Algunos bloquearon el contacto con ella, entre ellos, según lo expuesto en las audiencias, el número del menor de 17 años que hoy es señalado como coautor del crimen.
Ese detalle llamó la atención de los investigadores.
Porque después del silencio llegó algo peor.
Los mensajes.
Pero no eran mensajes para explicar lo ocurrido ni para tranquilizar a la familia. Eran mensajes de extorsión. Los interlocutores afirmaban tener a las jóvenes y exigían dinero para liberarlas.
La cifra inicial fue brutal.
50 millones de pesos.
Para una madre que llevaba horas sin saber nada de sus hijas, aquella exigencia se sintió como un golpe devastador, pero al mismo tiempo podía interpretarse como una esperanza. Si pedían dinero, tal vez las niñas seguían con vida.
Ese fue el engaño más cruel.
Cuando la madre explicó que no tenía cómo reunir esa cantidad, los extorsionistas comenzaron a bajar la cifra. Primero a 20 millones, después a 10.
Cinco millones por cada hija.
Los investigadores creen que esta reducción no fue casual. Formaba parte de una estrategia para mantener viva la presión psicológica sobre la madre y hacerle creer que todavía existía una oportunidad de salvar a las adolescentes.
Mientras tanto, la verdad era otra.
Según lo revelado durante las audiencias judiciales, las hermanas ya estaban en manos de quienes luego serían señalados como sus asesinos. En ese momento apareció otro elemento inquietante en la historia.
Un panfleto.
Uno de los implicados envió a la madre una imagen con las siglas BRC, supuestamente relacionadas con el Bloque Resistencia Caribe. El mensaje insinuaba que un familiar de la mujer debía aclarar su situación o se convertiría en objetivo militar.
Las autoridades investigan si ese panfleto fue solo una forma de intimidación o si realmente existe algún vínculo con estructuras armadas ilegales.
Pero lo que ocurrió después ya no admite dudas.
Según la fiscalía, las jóvenes fueron llevadas al patio de una vivienda donde comenzó un interrogatorio improvisado. Los sospechosos creían que las hermanas estaban planeando entregarlos a un grupo criminal conocido como Los Costeños.
Una sospecha que usaron como justificación.
Pero nada justifica lo que ocurrió después.
Las autoridades sostienen que una de las adolescentes fue asesinada con un arma de fuego. La otra fue atacada con un arma cortante.
Después vino la parte más fría del crimen.
Los presuntos responsables buscaron palas, cavaron huecos y enterraron los cuerpos en distintos puntos del terreno, intentando borrar cualquier rastro de lo ocurrido.
Una frialdad que sigue indignando a Colombia.
El menor de 17 años acusado como coautor enfrenta cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas y no comparecencia ante las autoridades. Durante la audiencia, su defensa solicitó una medida no privativa de libertad dentro de un modelo de justicia restaurativa.
La fiscalía se opuso.
La fiscal del caso recordó que el joven ya había escapado anteriormente de un centro de reeducación, lo que pone en duda que cumpla medidas menos estrictas. También advirtió que podría tener recursos y contactos suficientes para seguir delinquiendo o evadir el control de las autoridades.
Pero hay algo más que indigna a quienes siguen el caso.
La actitud de los acusados.
Porque en medio de las audiencias y de los testimonios que reconstruyen la brutalidad del crimen, no ha aparecido una señal clara de arrepentimiento.
Ni una disculpa.
Ni un gesto de culpa.
Solo versiones que intentan justificar lo injustificable.
Y mientras el proceso judicial continúa, en Malambo queda una pregunta flotando en el aire, una que ningún expediente puede responder del todo.
¿Cómo dos adolescentes que confiaban en las personas equivocadas terminaron atrapadas en una historia de engaño, violencia y muerte?
