¡ES EL SIGUIENTE EN CAER! Washington confirma pacto de AMLO con ‘El M*ncho’ y viene por él

En los pasillos de Washington empezó a circular una palabra que hasta hace poco parecía exagerada: terrorismo. No se hablaba de Medio Oriente ni de células radicales en Europa, sino de México, de sus cárteles y de una red económica que durante años se movió silenciosamente entre puertos, aduanas y ductos de combustible.

La alarma no surgió de la nada.

El detonante fue la decisión de etiquetar a varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, entre ellos el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Ese cambio de categoría lo altera todo.

Porque cuando un cártel entra en la lista de organizaciones terroristas, cualquier fuente de financiamiento vinculada a él puede ser perseguida bajo leyes mucho más duras. Y ahí es donde aparece el nombre que durante años fue tratado como un asunto menor: el huachicol fiscal.

No es un robo común de combustible.

Es una maquinaria gigantesca de evasión fiscal, contrabando y lavado de dinero que, según estimaciones citadas en investigaciones periodísticas, habría generado más de 500 mil millones de pesos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una economía paralela.

Y lo más inquietante, según diversas investigaciones citadas en círculos de inteligencia, es que parte de ese flujo habría terminado fortaleciendo al Cártel Jalisco Nueva Generación, que no solo opera como organización criminal, sino como una estructura paramilitar con armamento sofisticado, drones y logística comparable a la de fuerzas irregulares.

Eso cuesta dinero.

Mucho dinero.

En informes de seguridad que circulan en Washington se analiza cómo el combustible ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del cártel, incluso por encima de algunas rutas del narcotráfico.

El cálculo es simple.

Si el dinero del huachicol alimenta a un grupo considerado terrorista, entonces el negocio completo puede ser tratado bajo esa misma categoría.

Y eso abre una puerta peligrosa.

Porque permite que agencias estadounidenses, desde el Departamento del Tesoro hasta el aparato de seguridad, utilicen herramientas legales reservadas normalmente para combatir redes terroristas internacionales.

Congelamiento de activos.
Persecución financiera global.
Operaciones especiales.

Incluso intervenciones más agresivas.

En ese contexto aparece otro dato que inquieta a analistas políticos y agencias de inteligencia: varias investigaciones periodísticas han señalado posibles vínculos entre operadores del huachicol fiscal y figuras cercanas al movimiento político gobernante en México.

Un nombre aparece constantemente en esas conversaciones.

Morena.

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y limpiar las instituciones del país.

Pero las filtraciones y testimonios que circulan en investigaciones mediáticas apuntan en dirección contraria.

Uno de los casos más citados es el de Sergio Carmona, conocido como el “rey del huachicol”, un empresario fronterizo que presuntamente operaba redes de contrabando de combustible y que mantenía contactos con figuras políticas de alto nivel.

Carmona fue asesinado en 2021 en San Pedro Garza García.

Y con su muerte comenzó a destaparse una historia mucho más compleja.

Según versiones difundidas en investigaciones periodísticas, Carmona habría entregado antes de morir copias de información sensible: teléfonos, registros de comunicaciones y documentos que detallaban cómo funcionaba la red financiera del huachicol.

Ese material terminó en manos de autoridades estadounidenses.

Y desde entonces el expediente crece.

Las agencias financieras del Departamento del Tesoro han rastreado empresas fachada, factureras y redes logísticas que conectan transportistas, puertos y distribuidores de combustible con estructuras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Quince empresas pantalla.
Rutas marítimas.
Millones de litros de combustible.

Todo conectado.

Mientras tanto, en México comenzaron a aparecer señales de que el tema finalmente dejó de ser intocable.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, el secretario de seguridad Omar García Harfuch encabezó operativos que incluyeron decomisos masivos de combustible ilegal y el aseguramiento de embarcaciones vinculadas con contrabando energético.

Fue el primer golpe visible.

Durante años el huachicol fiscal había sido tratado como un rumor incómodo.

Ahora era un expediente oficial.

Pero el verdadero terremoto podría venir desde fuera.

En Washington, analistas de inteligencia —incluyendo evaluaciones de la Central Intelligence Agency y el United States Department of Defense— estudian hasta dónde permite la ley actuar contra redes financieras vinculadas a organizaciones terroristas dentro del territorio mexicano.

La pregunta ya no es si el fenómeno existe.

La pregunta es hasta dónde llega.

Porque si el dinero del huachicol realmente financió estructuras criminales catalogadas como terroristas, entonces cualquier actor político o empresarial que haya facilitado esa red podría convertirse en objetivo de investigaciones internacionales.

Y ahí aparece el nombre que muchos evitan pronunciar.

¿Hasta qué nivel llegó el dinero?

¿Hasta dónde subía la cadena de contactos?

Algunos testimonios difundidos en investigaciones periodísticas aseguran que Sergio Carmona habría tenido acceso incluso a reuniones dentro de Palacio Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Son acusaciones que siguen siendo objeto de debate y análisis.

Pero en los círculos de inteligencia el tema ya no es un simple escándalo político.

Es un expediente de seguridad nacional.

Y en el centro de ese tablero aparece la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel que Washington considera uno de los criminales más peligrosos del continente.

El hombre que convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación en una potencia armada.

El hombre cuyo financiamiento podría explicar el crecimiento explosivo de esa organización.

Y el hombre cuya red económica podría terminar arrastrando a más de un actor político.

Porque si el dinero del huachicol alimentó a un cártel considerado terrorista, el caso ya no pertenece solo a México.

Pertenece al tablero geopolítico.

Y cuando Washington entra al tablero, las reglas cambian.