La figura de la reina emérita doña Sofía ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica, esta vez no por un asunto familiar ni por una cuestión interna de la Casa Real, sino por una decisión académica que ha encendido los ánimos en Canarias. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido concederle el título de doctora Honoris Causa y lo que parecía un acto protocolario más se ha convertido en un auténtico campo de batalla ideológico.
El anuncio del reconocimiento ha dividido a la comunidad universitaria. Profesores, alumnos y personal docente han expresado públicamente su desacuerdo, firmando incluso un manifiesto en el que cuestionan los méritos reales de la reina emérita para recibir una distinción de este tipo. El argumento central es claro: la universidad no debería legitimar jerarquías sociales ni simbólicas, sino premiar aportaciones intelectuales, científicas o académicas.
Y ahí está el núcleo del conflicto.
Para una parte del profesorado, el capital simbólico de doña Sofía proviene exclusivamente de su linaje y de su papel como consorte del rey Juan Carlos I, no de una trayectoria académica propia. Según estos sectores críticos, concederle un Honoris Causa vacía de contenido el concepto mismo de mérito universitario y lo convierte en un gesto de cortesía institucional, más cercano al protocolo que al conocimiento.
La polémica sube de tono cuando algunos docentes llegan a calificar la decisión como una maniobra política encubierta, una forma de reforzar la imagen de la monarquía en un momento de descrédito generalizado de la institución, especialmente tras los escándalos que han salpicado a Juan Carlos I y las tensiones internas que rodean a Felipe VI y Letizia Ortiz.
Pero no todos piensan igual.
Otros profesores y colaboradores mediáticos defienden que el título Honoris Causa no exige necesariamente méritos académicos, sino una trayectoria relevante en el ámbito social, cultural o humanitario. Y en ese terreno, aseguran, la reina Sofía tiene un historial más que suficiente: su implicación con el Banco de Alimentos, su labor en programas de lucha contra la drogadicción, su apoyo a la investigación de enfermedades como el Alzheimer o la ELA, así como su presencia constante en causas medioambientales y solidarias.
Aquí el debate se vuelve incómodo.
Porque ya no se discute solo si doña Sofía merece el título, sino qué tipo de sociedad se quiere construir desde la universidad. ¿Debe primar el saber académico puro o también cuentan las trayectorias públicas de servicio social? ¿Es legítimo reconocer a una figura institucional por su impacto simbólico y mediático? ¿O se está usando la universidad como escaparate político?
La tensión se refleja incluso en el alumnado, donde también hay división. Algunos estudiantes consideran que existen científicas, investigadoras y profesoras con carreras brillantes que merecerían mucho más ese reconocimiento. Otros creen que el ataque a la reina emérita responde más a una postura ideológica antimonárquica que a una crítica real al concepto de mérito.
Y entonces aparece el elemento más delicado.
La figura de doña Sofía como mujer.
Algunos sectores cuestionan si realmente puede ser considerada un referente femenino en pleno siglo XXI, argumentando que nunca se ha posicionado de forma clara en temas como el feminismo o los derechos de las mujeres. Una crítica que otros consideran injusta, señalando que su papel histórico estuvo condicionado por un modelo institucional en el que la visibilidad política de la consorte era prácticamente inexistente.
El acto de investidura, todavía pendiente, se presenta ya como un escenario de posible conflicto. No se descartan protestas, manifestaciones o incluso boicots simbólicos. En una sociedad cada vez más polarizada, cualquier gesto relacionado con la monarquía se convierte en munición política, y doña Sofía, lejos de ser una figura neutral, termina funcionando como pantalla sobre la que se proyectan todas las tensiones acumuladas.
Porque en el fondo, el debate no va solo de ella.
Va de la Corona, de su legitimidad social, de su relación con las instituciones públicas, de la herencia de Juan Carlos I, del papel de Felipe VI y de la imagen cada vez más cuestionada de Letizia Ortiz. Va de si la monarquía sigue teniendo un lugar simbólico incuestionable o si incluso en espacios como la universidad empieza a ser tratada como cualquier otro actor político.
Y ahí está la verdadera grieta.
Lo que para unos es un reconocimiento honorífico sin mayor trascendencia, para otros es un síntoma claro de cómo las élites siguen ocupando espacios de prestigio sin pasar por los filtros del mérito real. Doña Sofía, con su historia de discreción y trabajo social, se convierte así en el epicentro de una guerra cultural que va mucho más allá de Canarias.
Una guerra donde ya no se discute solo un título, sino el modelo de poder que representa.
