Hay historias que parecen cerrarse en cuestión de horas, pero dejan una puerta entreabierta durante años. La muerte de Julián Figueroa es una de ellas.
El cantante murió después de sufrir un problema cardíaco, según la versión que se dio a conocer entonces, y su cuerpo fue cremado poco después. Ahora, unas declaraciones de Imelda Tuñón y una investigación difundida por Jorge Carvajal volvieron a colocar aquella muerte bajo los reflectores.
La nueva controversia comenzó con una confesión que, por sí sola, no demuestra que Julián haya muerto por consumir esos medicamentos. Tuñón declaró que en algunas ocasiones conseguía medicamentos psicotrópicos para él porque tenía problemas para dormir y sufría ansiedad.
Según su propio relato, acudía a buscar los medicamentos explicando síntomas y posteriormente se los entregaba a Julián, quien tenía dificultades para acceder a ese tipo de tratamiento con sus propios psiquiatras.
La declaración cambió inmediatamente el tono de la conversación pública. Lo que antes era una discusión sobre una muerte repentina comenzó a relacionarse con la posibilidad de determinar qué sustancias había consumido Julián y bajo qué circunstancias.
El abogado de Maribel Guardia calificó públicamente las declaraciones de Tuñón como “incriminatorias” o desafortunadas. También anunció que buscarían presentar una denuncia penal para que las autoridades investigaran, entre otros puntos, la presunta obtención y entrega ilegal de sustancias controladas.
Pero incluso dentro de esa versión existe una diferencia fundamental entre una sospecha y una conclusión judicial. El abogado habló de una posible investigación por homicidio, no de una responsabilidad ya determinada contra Tuñón.
La explicación oficial difundida sobre la muerte también volvió a ser examinada. De acuerdo con el material presentado por Carvajal, el acta señalaría un infarto al miocardio y fibrilación ventricular como causas del fallecimiento.
El documento atribuiría ese diagnóstico al médico Alfredo Rodríguez García, identificado además mediante una cédula profesional mencionada durante la investigación. A partir de ahí apareció otra pregunta: ¿quién era realmente el médico que certificó la muerte?
Carvajal afirmó haber intentado localizarlo para conocer su versión y aseguró que no logró encontrar un consultorio donde entrevistarlo. También sostuvo que había localizado otras actas de defunción en las que aparecería el mismo nombre y diagnósticos relacionados con infartos.
Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a la investigación difundida en el material y no equivalen, por sí mismas, a una conclusión oficial de falsificación de documentos médicos. Tampoco se presenta una resolución de autoridad que establezca que el diagnóstico de Julián fuera falso.
El episodio de la cremación añadió otra capa de dudas. Desde el fallecimiento se había comentado que la familia decidió realizar rápidamente la cremación y posteriormente organizar una despedida sin el cuerpo presente.
La explicación atribuida entonces a Maribel Guardia e Imelda Tuñón estaba relacionada con la protección del hijo de Julián, evitando que el menor tuviera que enfrentarse directamente con el cuerpo de su padre.
Con el paso del tiempo, aquella decisión comenzó a ser interpretada de distintas maneras en redes sociales y medios de comunicación. Para algunos, la rapidez resultaba extraña; para otros, podía entenderse dentro de las circunstancias familiares de una muerte repentina.
Ahora, el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón hace que aquellas decisiones vuelvan a ser observadas desde una perspectiva mucho más incómoda. Una disputa familiar actual está haciendo que episodios ocurridos alrededor de la muerte de Julián vuelvan a conectarse entre sí.
La investigación difundida también plantea interrogantes sobre quiénes estuvieron presentes durante las últimas horas, cuándo se produjo el aviso a las autoridades y qué procedimientos médicos fueron realizados antes de la certificación de la muerte.
Son preguntas relevantes, pero todavía no constituyen respuestas.
Y mientras una denuncia anunciada podría llevar el caso ante las autoridades, la pieza que falta continúa siendo la más importante: establecer mediante pruebas médicas, documentos oficiales y una investigación formal si existió alguna relación entre los medicamentos mencionados por Tuñón y el fallecimiento de Julián Figueroa, o si se trata de hechos diferentes que ahora están siendo unidos por la controversia.
El caso se vuelve todavía más delicado porque, si una investigación oficial encontrara irregularidades en la certificación médica, en la obtención de sustancias o en el procedimiento seguido después de la muerte, habría que determinar individualmente qué ocurrió, quién intervino y qué responsabilidad, si alguna, podría corresponder a cada persona, sin convertir las sospechas difundidas públicamente en culpabilidades anticipadas.
Por ahora, existen varias piezas sobre la mesa: las declaraciones de Imelda Tuñón, la postura legal de Maribel Guardia, el contenido atribuido al acta de defunción y las afirmaciones de Jorge Carvajal sobre el médico que aparece en ella.
Pero falta la pieza capaz de ordenar todas las demás.
No se ha confirmado públicamente que Julián Figueroa haya muerto por los medicamentos que Tuñón dijo haber conseguido para él. Tampoco se ha establecido mediante una resolución judicial que Maribel Guardia, Tuñón, el médico o cualquier otra persona hayan participado en un encubrimiento.
Lo que sí cambió es la conversación.
Una muerte que parecía tener una explicación determinada vuelve a generar preguntas, y algunas de ellas solamente podrán resolverse mediante documentos, peritajes y una investigación formal, no mediante rumores.
Hasta entonces, el caso permanece abierto en el terreno de las dudas: no necesariamente porque exista una verdad oculta, sino porque todavía hay afirmaciones que necesitan ser comprobadas.
