¡DIEGO N “FUERA DE SÍ”! SU ABOGADO DENUNCIA EL HORROR QUE ESTARÍA VIVIENDO EN LA CÁRCEL

Hay una frase que cambió el tono de la defensa de Diego Sebastián N.: “lo están dejando loco”. No nació de una versión anónima, sino de las declaraciones de su abogado Rodrigo Pastrana, quien asegura que su cliente estaría atravesando un deterioro mental después de su ingreso al penal.

La acusación es tan grave como difícil de comprobar. Según la defensa, Diego habría sido golpeado y torturado durante varios días y ahora presentaría alucinaciones y una percepción alterada de la realidad.

Nada de eso ha sido confirmado públicamente mediante una resolución judicial o un dictamen independiente. Pero la denuncia abre una discusión que va más allá del acusado: qué ocurre cuando una persona todavía no ha recibido sentencia y afirma estar sufriendo abusos bajo custodia.

El contexto explica por qué las declaraciones provocaron reacciones tan intensas. El 1 de septiembre, en el fraccionamiento Grand Bure, en Atizapán de Zaragoza, murieron Jonathan Meléndez, su pareja Ana Paula Barragán, la pequeña Sofía y Aleida Romero.

La tragedia también alcanzó a la mascota de la familia. Un niño de seis años sobrevivió dentro de aquel escenario y, según la información incorporada al caso, posteriormente habría identificado a Diego Sebastián como una de las personas presentes en el inmueble.

La Fiscalía sostiene una reconstrucción distinta a la planteada por la defensa. Las cámaras habrían registrado a Diego llegando alrededor de las 5:24 de la tarde, con gorra, lentes oscuros y una mochila.

La investigación también apunta a un arma con silenciador que presuntamente habría sido utilizada durante los hechos. Según la fiscalía, posteriormente habría sido desarmada y arrojada a una barranca.

El posible móvil económico constituye otra pieza del expediente. Jonathan y Diego Sebastián mantenían una relación comercial y las autoridades investigan una disputa relacionada con dinero y con posibles criptomonedas.

Omar García Harfuch ha señalado públicamente que existían antecedentes de confianza y negocios entre ambos. Esa relación, según la hipótesis de investigación, habría facilitado que Diego pudiera acercarse al domicilio sin despertar las mismas sospechas que un desconocido.

También existe el testimonio de un amigo de Jonathan. Según la reconstrucción del caso, permaneció afuera del inmueble y posteriormente habría sido amenazado cuando Diego escapaba.

Frente a ese conjunto de elementos aparece ahora la versión de Rodrigo Pastrana. El abogado sostiene que su cliente ya no tendría el mismo estado mental que cuando comenzó el proceso y que actualmente estaría presentando alucinaciones.

La defensa atribuye parte de ese deterioro a los presuntos golpes sufridos después de la detención. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente quién habría provocado esas lesiones ni existe, en la información proporcionada, una resolución que establezca que hubo tortura.

La diferencia es fundamental. Una acusación formulada por un abogado no equivale a una prueba médica, y una alteración psicológica tampoco demuestra por sí misma cómo se originó.

Por eso los próximos peritajes podrían convertirse en una pieza decisiva. La defensa ha planteado evaluaciones psicológicas para determinar cuál es realmente el estado de Diego y hasta qué punto puede comprender y participar en su propio proceso.

Mientras tanto, Hugo Salgado, representante de la familia de Jonathan, ha cuestionado la narrativa de un acusado completamente desconectado de la realidad. Según su postura, el comportamiento observado durante las audiencias no habría mostrado señales evidentes compatibles con una crisis de esa magnitud.

La discusión pública se ha dividido rápidamente. Algunos observadores reaccionan desde la indignación provocada por la muerte de la familia; otros recuerdan que una persona vinculada a proceso conserva derechos que deben respetarse mientras no exista una sentencia.

Esa tensión es especialmente delicada porque cualquier posible abuso dentro de prisión podría terminar afectando también la investigación. Si existieran irregularidades, la defensa tendría la posibilidad de utilizarlas para cuestionar procedimientos, evidencias o condiciones de custodia.

Al mismo tiempo, la defensa ha señalado otras posibles irregularidades relacionadas con el ingreso al inmueble y una eventual contaminación de la escena. Hasta ahora, esas afirmaciones también forman parte de la estrategia defensiva y deberán ser examinadas dentro del proceso.

El propio futuro de Pastrana añade otra capa de incertidumbre. El abogado ha reconocido que podría abandonar la representación debido a diferencias éticas y estratégicas con la familia de Diego Sebastián.

Así, mientras la fiscalía intenta sostener sus pruebas y la defensa prepara nuevos cuestionamientos, el caso comienza a desarrollarse en dos frentes simultáneos: determinar qué ocurrió aquella tarde en Atizapán y establecer qué está ocurriendo ahora con el principal acusado dentro de prisión.

Y en el centro de esa contradicción permanece una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: si las alucinaciones realmente existen, ¿son consecuencia del encierro, de un deterioro psicológico previo, de lesiones sufridas durante la custodia o de algún otro factor que todavía no ha sido documentado?

Los cuatro meses de investigación complementaria podrían aportar algunas respuestas. Durante ese periodo deberán analizarse testimonios, videos, peritajes y los cuestionamientos planteados por ambas partes.

La fiscalía tendrá que sostener su reconstrucción con evidencia. La defensa, por su parte, deberá convertir sus denuncias sobre el estado mental y los presuntos malos tratos en elementos verificables si pretende que tengan peso dentro del proceso.

Y mientras ambas partes preparan sus argumentos, queda una realidad que ningún expediente puede modificar: Jonathan, Ana Paula, Sofía y Aleida ya no pueden contar su propia versión, un bebé no llegó a nacer, una mascota murió y un niño de seis años quedó como sobreviviente de una tragedia cuya verdad completa todavía está siendo reconstruida.

El caso, por tanto, no termina con la vinculación a proceso. Apenas entra en una etapa en la que cada declaración tendrá que enfrentarse con documentos, cada acusación con peritajes y cada versión con la evidencia que finalmente pueda sostenerla ante un tribunal.