Someten a 122 militares corruptos y traidores que eran cómplices de “El Men\cho” y el C\J\NG

La madrugada del 4 de marzo marcó un punto de quiebre silencioso dentro de las fuerzas armadas mexicanas. No hubo anuncios anticipados, ni conferencias solemnes, ni filtraciones previas que alertaran a los involucrados. Mientras la mayoría del país dormía, dentro de cuarteles distribuidos en varios estados se estaba ejecutando uno de los operativos internos más delicados y explosivos de la historia militar moderna de México.

No fue una investigación administrativa más.

No fue un caso aislado de corrupción dentro de una unidad específica.

Fue una purga.

A las cuatro de la madrugada exactas, equipos especiales de asuntos internos militares comenzaron a moverse con precisión quirúrgica dentro de bases militares en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Guanajuato y otros puntos estratégicos del país. Las órdenes eran claras y estrictas: detener simultáneamente a 122 elementos del ejército mexicano acusados de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

La operación había sido planeada con un nivel de secreto absoluto durante apenas 24 horas. Solo el alto mando militar conocía la magnitud real de lo que estaba a punto de ocurrir. El motivo era evidente: si alguno de los sospechosos se enteraba antes de tiempo, la red podría desaparecer, destruir pruebas o incluso huir.

Y la red era más profunda de lo que muchos imaginaban.

Según información obtenida de interrogatorios recientes a operadores cercanos del CJNG capturados días antes, la organización criminal había logrado infiltrarse dentro del ejército mexicano durante años. Los detenidos revelaron nombres, rangos, unidades militares y montos exactos que recibían mensualmente algunos elementos del ejército a cambio de proporcionar información clasificada.

Los datos no eran rumores.

Eran registros.

Documentos confiscados a familiares y operadores financieros vinculados al círculo cercano de El Mencho mostraban listas detalladas de pagos mensuales destinados a militares corruptos. Los montos variaban dependiendo del rango y del acceso que cada elemento tenía a información estratégica.

Y las cifras eran escalofriantes.

Entre los arrestados había tres coroneles de alto rango, dieciocho capitanes, treinta y dos tenientes, cuarenta y cinco sargentos y veinticuatro soldados rasos. En total, ciento veintidós elementos que, según la investigación interna, recibían sobornos que iban desde quince mil hasta doscientos mil pesos mensuales.

Los tres coroneles representaban el nivel más grave de infiltración.

Ellos tenían acceso directo a inteligencia militar clasificada: despliegues de tropas, operativos planificados con semanas de anticipación, ubicaciones estratégicas y fuentes de información. De acuerdo con los documentos incautados, el coronel de mayor rango recibía aproximadamente doscientos mil pesos mensuales del CJNG, una cifra que multiplicaba varias veces su salario oficial dentro del ejército.

A cambio, proporcionaba alertas tempranas sobre cualquier operación que pudiera poner en riesgo a la estructura del cártel.

Para el CJNG, aquella red era un activo estratégico invaluable.

Les permitía anticipar movimientos militares, evitar cercos, preparar emboscadas y, en múltiples ocasiones, escapar minutos antes de que unidades del ejército llegaran a zonas donde se encontraba el liderazgo del cártel.

Durante años, ese flujo constante de información convirtió muchas operaciones militares en misiones condenadas al fracaso antes de comenzar.

Los capitanes, por su parte, tenían un rol igualmente crítico.

Ellos comandaban unidades que participaban directamente en operativos contra el CJNG. Recibían entre ochenta mil y ciento cincuenta mil pesos mensuales y su trabajo consistía en sabotear misiones desde dentro: alterar rutas de patrullaje, retrasar despliegues o informar al cártel sobre movimientos inmediatos de tropas.

Los tenientes y sargentos completaban el sistema.

Muchos de ellos estaban en contacto directo con unidades en campo, lo que les permitía proporcionar información en tiempo real sobre desplazamientos de convoyes, posiciones defensivas y operativos en desarrollo. En algunos casos documentados, según fuentes militares, alertaron a miembros del CJNG minutos antes de que las fuerzas armadas iniciaran ataques sorpresa.

El resultado fue devastador.

Las confesiones obtenidas durante los primeros interrogatorios están revelando episodios que, de confirmarse plenamente, podrían reescribir algunos de los enfrentamientos más trágicos entre el ejército y el crimen organizado en los últimos años.

Uno de los capitanes detenidos habría confesado haber proporcionado la ruta exacta de un convoy militar que se dirigía a una zona de operaciones en Michoacán durante 2024. La información llegó a manos de sicarios del CJNG, quienes prepararon una emboscada en la carretera.

Cinco soldados murieron en ese ataque.

El capitán recibió, según los registros encontrados, cincuenta mil pesos adicionales por esa información específica.

Otro caso involucra a un teniente que reveló posiciones defensivas de una base militar temporal instalada en una zona rural de Jalisco. Días después, el CJNG lanzó un ataque armado contra la base utilizando exactamente esos datos tácticos.

Dos soldados murieron defendiendo una posición que ya estaba comprometida.

Pero uno de los episodios más delicados involucra a un sargento que reveló la identidad de un informante civil que colaboraba con el ejército proporcionando datos sobre células del CJNG. El informante fue localizado y ejecutado por el cártel pocos días después.

Su familia también recibió amenazas.

Cada confesión que emerge de los interrogatorios parece confirmar que la infiltración del crimen organizado dentro de las fuerzas armadas no era un problema menor ni aislado. Era un sistema.

Y ese sistema funcionó durante años.

La magnitud del escándalo obligó al alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional a actuar con rapidez y contundencia. Por eso, la madrugada del operativo, se organizaron 122 equipos de arresto independientes, cada uno con la misión de detener simultáneamente a un militar específico.

Las detenciones se realizaron dentro de los mismos cuarteles donde los acusados dormían.

Algunos intentaron protestar, otros invocaron su rango exigiendo explicaciones, varios guardaron silencio absoluto. Pero las órdenes eran claras: todos fueron esposados frente a sus propios compañeros de unidad.

La humillación pública dentro del cuartel no fue casual.

Era un mensaje.

Un recordatorio interno de que la traición no tendría protección dentro de la institución, sin importar el rango o los años de servicio.

Actualmente, los 122 militares se encuentran bajo custodia en instalaciones de detención militar de máxima seguridad. Están siendo procesados bajo el Código de Justicia Militar, que contempla cargos extremadamente graves como traición en tiempo de guerra, colaboración con el enemigo y revelación de secretos militares.

Las penas podrían alcanzar hasta sesenta años de prisión militar.

Sin posibilidad de libertad condicional.

Mientras tanto, dentro del ejército se ha iniciado una revisión completa de personal en zonas donde el CJNG ha tenido mayor presencia. Las autoridades militares planean investigar finanzas personales, contactos sospechosos y aplicar nuevas pruebas de confianza a cientos de elementos.

No descartan más arrestos.

Para el CJNG, la caída de esta red representa un golpe estratégico importante. Durante años, la organización contó con “ojos” dentro de las fuerzas armadas que les permitían anticipar movimientos y evitar capturas.

Ahora, ese sistema ha sido expuesto.

Pero la pregunta que queda flotando en el aire es incómoda.

Si 122 militares pudieron ser comprados por el crimen organizado…

¿cuántos más podrían seguir ocultos dentro del sistema?