¿Por qué entregaron el cu*rpo de “El Men\cho”? Por esta razón devolvieron el cu*rpo a sus familiares
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como “El Mencho”, no cerró el capítulo de inmediato. Al contrario, abrió una serie de movimientos discretos dentro de las instituciones de justicia que ahora comienzan a revelar cómo funciona realmente el protocolo cuando cae uno de los hombres más buscados del narcotráfico mexicano.
Mientras el país seguía procesando la noticia de su abatimiento, un documento llegó a manos de la Fiscalía General de la República.
No era un comunicado oficial ni una declaración pública.
Era una solicitud formal.
Un representante legal que aseguró actuar en nombre de los familiares del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación presentó un escrito exigiendo algo muy concreto: la entrega del cuerpo.
El trámite, sin embargo, dista mucho de ser inmediato.
En casos de alto perfil criminal, la entrega de un cadáver no depende de la presión mediática ni de la notoriedad del personaje. El proceso está regulado por una serie de protocolos legales y periciales que buscan garantizar algo fundamental para el sistema judicial.
La certeza absoluta de la identidad.
Por esa razón, el Ministerio Público Federal inició una cadena de procedimientos que pueden tardar horas o incluso días. Primero, el cuerpo es sometido a una necropsia completa para establecer con precisión las causas de la muerte. Después vienen las pruebas biométricas que permiten confirmar sin margen de error quién es la persona fallecida.
Las huellas dactilares.
El análisis de ADN.
Los estudios odontológicos.
Cada uno de estos pasos forma parte de un sistema de verificación diseñado para evitar confusiones, falsificaciones o disputas legales posteriores. En un caso como el del Mencho, donde la figura del líder criminal había adquirido dimensiones casi míticas, la verificación forense se volvió aún más delicada.
Porque el Estado necesita algo más que una sospecha.
Necesita pruebas.
Mientras los peritos realizaban estas diligencias, el cuerpo permanecía bajo una estricta cadena de custodia. Esto significa que cada movimiento, cada traslado y cada manipulación del cadáver queda registrado oficialmente para evitar cualquier irregularidad.
Solo cuando todos los análisis concluyen y la identidad queda plenamente confirmada, la fiscalía puede considerar la entrega.
Pero incluso entonces existe otro requisito clave.
La acreditación del parentesco.
Para reclamar un cuerpo, la ley mexicana exige demostrar vínculo directo: cónyuge, hijos, padres o hermanos. Sin esa documentación legal, el cadáver no puede ser entregado.
Y existe incluso una consecuencia más extrema.
Si ningún familiar reclama el cuerpo, la legislación establece que puede ser enviado a una fosa común.
Un destino que ya ha ocurrido en otros casos dentro del mundo del narcotráfico.
La historia reciente ofrece precedentes. En 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, su cuerpo fue entregado a familiares únicamente después de completar los procedimientos forenses y los trámites legales correspondientes. Algo similar ocurrió en 2012 con Manuel Torres Félix, conocido como “El M1”, cuyo cadáver también pasó por el mismo protocolo antes de abandonar las instalaciones forenses.
La ley no distingue entre nombres famosos o desconocidos.
El procedimiento es el mismo.
Mientras este proceso se desarrollaba, otro frente de la investigación avanzaba en paralelo. El Ministerio Público formuló imputación contra dos hombres detenidos durante los operativos recientes en Jalisco: Andrés “N” y Gerardo “N”.
A ambos se les atribuye portación de armas con agravantes, además de posesión de cargadores y aditamentos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Tras la audiencia inicial, las autoridades ordenaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad más importantes del país.
Todo esto ocurre mientras el país observa.
Porque aunque la muerte del Mencho representa un golpe simbólico al crimen organizado, el manejo de su cuerpo se convirtió en un asunto legal extremadamente sensible. No se trata solo de un trámite administrativo.
Se trata de cerrar oficialmente un capítulo en la historia del narcotráfico mexicano.
Un capítulo que, incluso después de la muerte del protagonista, sigue generando preguntas.
¿Quién reclamó realmente el cuerpo?
¿Dónde será enterrado?
¿Y qué impacto tendrá esto dentro del propio CJNG?
Por ahora, lo único claro es que el proceso sigue el mismo camino que la ley marca.
Frío.
Meticuloso.
Y absolutamente documentado.
