Qué sigue para Kevin “N” de 14 años, quien agredió a Jeremy en secundaria 324 de Tláhuac
El caso estalló como una nota roja más en la rutina informativa, pero en cuestión de horas se transformó en un expediente judicial que sacudió a padres, maestros y autoridades educativas. Kevin “N”, de apenas 14 años, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas tras apuñalar a su compañero Jeremy a las afueras de la secundaria diurna 324, en la alcaldía de Tláhuac, y ahora permanecerá internado en un centro especializado para adolescentes mientras se desarrolla la investigación.
No fue una pelea menor.
La agresión ocurrió el 11 de febrero, fuera del plantel, en un momento en el que decenas de estudiantes salían de clases. Testigos relataron que todo fue rápido, confuso, casi automático: un forcejeo, gritos, sangre y un arma blanca tipo navaja karambit que terminó marcando el destino de dos familias. Jeremy fue trasladado de urgencia a un hospital con heridas que comprometieron órganos vitales, y su estado de salud sigue bajo vigilancia médica constante.
Kevin no huyó.
Fue asegurado poco después por las autoridades y presentado ante un juez especializado en justicia para adolescentes. Durante la audiencia inicial del 13 de febrero de 2026, se determinó su vinculación a proceso y se ordenó el internamiento preventivo como medida cautelar. No se trata de una prisión como la de adultos, sino de un centro de reclusión juvenil, donde el objetivo legal no es castigar, sino contener, evaluar y, en teoría, reeducar.
Pero el expediente ya pesa.
El sistema de justicia para adolescentes establece un procedimiento distinto al penal ordinario, con audiencias privadas, asesoría psicológica y límites claros en las sanciones. Sin embargo, el delito imputado —lesiones calificadas— es considerado grave, lo que permite la aplicación de medidas de internamiento mientras se integran pruebas, testimonios y peritajes.
¿Qué sigue ahora?
Se abre un periodo de investigación complementaria en el que la Fiscalía de la Ciudad de México deberá reconstruir cada detalle: qué motivó la agresión, si existía un conflicto previo, cómo se obtuvo el arma, quién falló en la supervisión escolar y si hubo señales de alerta ignoradas. En paralelo, Kevin será sometido a evaluaciones psicológicas, análisis de entorno familiar y seguimiento institucional.
El proceso no es corto.
Una vez concluida la investigación, el juez decidirá si el caso avanza a juicio y qué tipo de sanción corresponde. En adolescentes, las resoluciones pueden ir desde tratamientos terapéuticos obligatorios hasta internamientos prolongados, dependiendo de la gravedad del daño y del perfil del menor.
Aquí aparece la parte incómoda.
Aunque la ley habla de reinserción y protección de derechos, la realidad es que un ataque con arma blanca dentro del contexto escolar coloca a Kevin en una categoría jurídica delicada. No se juzga solo el acto, sino la capacidad de comprender sus consecuencias, el nivel de violencia desplegada y el riesgo de reincidencia.
Mientras tanto, Jeremy lucha por recuperarse.
Su familia guarda silencio, pero en redes sociales el caso ya se convirtió en símbolo de algo más grande: la violencia juvenil, el colapso emocional en las escuelas y la facilidad con la que un adolescente puede acceder a un arma. El expediente legal apenas comienza, pero el impacto social ya está hecho.
Porque más allá del proceso judicial, hay una pregunta que no aparece en ningún documento oficial.
¿Cómo se llega a los 14 años con una navaja en la mano y la vida de otro en riesgo?
