MILIMÉTRICAMENTE PLANEADO: Detalles del CRIM3N que terminó con la vida de Gustavo Andrés Aponte

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte no ocurrió en una calle oscura, ni en una zona marginal, ni en medio de un escenario de caos urbano, ocurrió en uno de los puntos más visibles y transitados del norte de Bogotá, frente a un gimnasio, a pocos metros de un semáforo, rodeado de cámaras, con presencia policial constante y patrullaje militar, un lugar donde, en teoría, nadie debería poder matar y desaparecer sin dejar rastro.

Pero lo hicieron.

Aponte, un empresario joven, vinculado al sector arrocero y al mundo de los plásticos, perteneciente a una empresa familiar reconocida, salió de su rutina habitual como cualquier otro día, acompañado de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, exintegrante de la Policía y actualmente dedicado a la seguridad privada, sin saber que cada uno de sus movimientos ya había sido estudiado, medido y anticipado.

No fue un ataque al azar.

No fue un intento de robo.

No fue un secuestro fallido.

Fue una ejecución.

Las autoridades lo confirmaron desde el primer momento, una acción de sicariato puro, directa, sin margen de error, sin improvisación y con una planificación que, incluso para los estándares criminales, resulta inquietante por su nivel de precisión.

Según relató el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la esposa de la víctima aseguró que no existían amenazas previas, no había panfletos, no había mensajes intimidatorios, no había conflictos visibles ni alertas recientes, la vida del empresario transcurría con aparente normalidad, lo que convierte el crimen en algo aún más perturbador.

Porque si no había amenazas, entonces alguien observó.

Y observó durante mucho tiempo.

El sicario no apareció corriendo, no llegó nervioso, no improvisó, vestía traje y corbata, camuflado perfectamente con el entorno empresarial de la zona, como si fuera un ejecutivo más, alguien que podía permanecer de pie, mirando su celular, sin levantar sospechas, sin activar alarmas, sin que nadie lo registrara como una amenaza.

Esperó.

Dos minutos.

Exactos.

Mientras tanto, la motocicleta de apoyo ya estaba posicionada, no llegó después del crimen, llegó diez minutos antes, se estacionó en una estación de servicio cercana, en la bomba de gasolina, con el motor apagado y el conductor listo, como si estuviera cargando combustible o revisando el teléfono.

Nada parecía extraño.

Todo estaba en su lugar.

El sicario se acercó a menos de un metro por la espalda.

Disparó.

Primero al empresario.

Luego al escolta.

Ambos impactos fueron a corta distancia, sin palabras, sin advertencias, sin margen de reacción, una ejecución quirúrgica que duró segundos pero que había sido preparada durante horas, quizás días.

Y luego huyeron.

En una zona donde hay cámaras por todas partes.

Donde hay un centro de atención inmediata de la Policía.

Donde hay clubes privados.

Donde hay presencia militar.

Donde, en teoría, el riesgo de ser capturado es altísimo.

La Policía llegó en menos de cuatro minutos.

Los empleados del gimnasio y personas que estaban cerca intentaron auxiliar a las víctimas, les dieron primeros auxilios, trataron de reanimarlos, llamaron ambulancias que nunca llegaron a tiempo, y finalmente los trasladaron en vehículos oficiales, pero según el propio general, ambos murieron prácticamente en el lugar del ataque.

La clínica estaba a solo diez cuadras.

Pero no hubo oportunidad.

Porque el plan no dejó espacio para errores.

Y eso es lo que más inquieta a los investigadores.

La ropa del sicario.

El tiempo de espera.

La posición de la moto.

La distancia del disparo.

El punto exacto de la rutina.

Todo indica que no solo querían matar.

Querían hacerlo sin fallar.

No se trataba de asustar.

No se trataba de enviar un mensaje público.

Se trataba de eliminar un objetivo específico.

La Policía ya tiene acceso a los videos de seguridad, ya logró identificar placas, trayectorias, recorridos, movimientos previos y posteriores, y ahora la investigación avanza bajo el liderazgo de la Fiscalía para identificar no solo a los autores materiales, sino a los autores intelectuales, porque en un crimen de este nivel, quien dispara casi nunca es quien decide.

Y ahí aparece la verdadera pregunta.

Si no había amenazas.

Si no había conflictos visibles.

Si no había alertas previas.

Entonces, ¿quién ordenó la muerte de Gustavo Andrés Aponte?

La familia describe a la víctima como un hombre tranquilo, dedicado a sus negocios, sin problemas conocidos, lo que obliga a mirar hacia otros escenarios, relaciones comerciales, disputas económicas, decisiones recientes, movimientos financieros, acuerdos que quizás parecían normales, pero que pudieron incomodar a alguien con suficiente poder para planear una ejecución perfecta en plena vía pública.

Porque cuando un crimen es tan limpio, tan silencioso y tan preciso, el motivo casi nunca está en la escena.

Está antes.

En algo que ocurrió lejos de las cámaras.

En una conversación que no quedó grabada.

En un negocio que no salió como se esperaba.

En una decisión que alguien no estaba dispuesto a aceptar.

Y mientras los investigadores siguen el rastro de las motos y los videos, la verdadera historia aún no aparece.

La de quién dio la orden.

La de quién vigiló primero.

La de quién decidió que este empresario, en este lugar, a esta hora, debía morir.