La tarde del 11 de febrero de 2026, el norte de Bogotá volvió a convertirse en escenario de un crimen que, en apariencia, seguía el guion conocido del sicariato urbano. A las 3:45 de la tarde, dos hombres salían de un gimnasio ubicado en la calle 85, una zona transitada, vigilada, de oficinas y comercios, donde la violencia no suele irrumpir de forma tan directa. Minutos después, un sujeto vestido de traje y corbata se les acercó sin levantar sospechas y disparó a quemarropa. Las víctimas fueron Gustavo Andrés Aponte Fonegara, empresario, y Luis Gabriel Gutiérrez, su escolta.
El atacante no discutió, no gritó, no dudó.
Disparó y huyó hacia la carrera séptima, donde una motocicleta lo esperaba. En segundos, la escena quedó llena de sirenas, cuerpos tendidos en el pavimento y preguntas sin respuesta. La Policía Metropolitana confirmó que el crimen parecía haber sido planeado con antelación y la Fiscalía abrió una investigación por homicidio agravado, enfocada en identificar al autor material y a los posibles determinadores.
Hasta ese momento, todo encajaba dentro de una categoría conocida en Colombia.
Un homicidio selectivo en zona urbana, ejecutado con rapidez, logística y fuga coordinada. Grave, sí, pero todavía dentro del terreno habitual de la crónica policial. Sin embargo, pocas horas después, el caso dejó de ser uno más.
El giro no vino de un informe forense.
No vino de un parte oficial ni de una filtración judicial. Vino de una publicación en redes sociales.
Horas después del atentado, María Carolina Hoyos, periodista y hermana de Miguel Uribe Turbay, escribió un mensaje de condolencias que, al principio, parecía uno más entre miles. Pero al avanzar en el texto, reveló algo que transformó por completo la lectura pública del crimen.
Gustavo Aponte no era un empresario cualquiera.
Había estado dentro del duelo más íntimo de su familia. Según relató Hoyos, Aponte acompañó personalmente a los Uribe Turbay durante los días críticos posteriores al atentado contra Miguel Uribe en 2025. Entró con ella a la unidad de cuidados intensivos, llevó una imagen de la Virgen María y rezó junto a la familia. Meses después, tras la muerte del político, volvió a su casa para repetir el gesto.
Ese detalle cambió todo.
El asesinato dejó de percibirse únicamente como la ejecución de un empresario para convertirse en la muerte de alguien emocionalmente vinculado a una familia marcada por un magnicidio reciente. No es una conexión judicial, no es una prueba, no es una acusación. Es una conexión simbólica, y en un país como Colombia, las conexiones simbólicas pesan tanto como los documentos.
Aquí aparece el punto crítico.
El mensaje no sugiere un móvil, no establece relación criminal entre ambos hechos, no habla de negocios, ni de campañas, ni de intereses políticos. Habla de fe, de acompañamiento, de hospital, de muerte. Precisamente por eso, el vínculo resulta más inquietante para la opinión pública.
Las relaciones políticas pueden ser estratégicas.
Las relaciones construidas en medio del dolor rara vez lo son.
Desde ese momento, la pregunta principal dejó de ser quién mató a un empresario en Bogotá. La pregunta empezó a transformarse en otra más incómoda. ¿Por qué una persona cercana a la familia de una víctima de violencia política aparece también como objetivo de un atentado planificado?
No hay evidencia pública de conexión criminal.
Pero la percepción social no se construye solo con pruebas, se construye con significados. Y el significado aquí es potente: dos muertes violentas, separadas por un año, unidas por una relación humana profunda.
En criminología mediática, esto tiene un nombre.
Percepción de patrón.
No significa que exista un patrón real. Significa que la sociedad empieza a leer los hechos como parte de una misma narrativa, aunque judicialmente no lo sean. Y una vez que una narrativa se instala, es casi imposible desmontarla solo con comunicados oficiales.
La aclaración posterior fue igual de importante.
El vínculo entre Aponte y la familia Uribe Turbay no era político ni financiero. Era personal. Aponte no apareció en actos públicos ni en reuniones de poder. Apareció en una UCI, en silencio, sin cámaras, sin discursos. Llevó una imagen religiosa y rezó. Eso no deja rastros en expedientes, pero deja huella en la memoria.
Y ahí está la paradoja.
Las relaciones personales no generan pruebas, pero generan sentido. Humanizan a la víctima, la sacan del anonimato, la colocan dentro de una historia previa. Cuando alguien muere y su nombre se vincula al dolor reciente de una familia pública, el crimen deja de ser uno más.
No se trata de afirmar conspiraciones.
Las autoridades no han establecido ningún vínculo judicial entre ambos casos. Sin embargo, el contexto redefine la lectura. En análisis criminal, el contexto no acusa, pero orienta preguntas.
La escena del crimen, por su parte, sí ofrece certezas.
El ataque no fue improvisado. Ocurrió a plena luz del día, en una zona concurrida, frente a un gimnasio. El agresor vestía traje y corbata, un detalle que no es estético, es táctico. En homicidios selectivos, la apariencia cumple una función: permitir acercarse sin generar alarma.
El tirador conocía la rutina.
Sabía a qué hora salían, por dónde, con quién. Eso implica observación previa o acceso a información anticipada. Tras disparar, no corrió sin rumbo, se dirigió exactamente al punto donde lo esperaba una motocicleta. Coordinación, logística, planificación.
Además, no solo atacó al empresario.
Eliminó primero al escolta. Eso revela intención de asegurar el resultado y neutralizar cualquier posibilidad de respuesta. No fue intimidación, no fue advertencia, no fue error. Fue ejecución.
No hubo robo.
No hubo intercambio verbal. No hubo persecución a pie. Todo eso reduce los móviles posibles. El patrón no coincide con delincuencia común. Coincide con homicidio por encargo.
Lo único que falta es el por qué.
La mecánica explica el cómo, no el motivo. Por eso la Fiscalía investiga tres frentes: autor material, determinadores y móvil. En este tipo de crímenes, el ejecutor suele ser la parte menos relevante. La clave está en quién ordenó y por qué.
Aquí es donde el vínculo emocional adquiere peso simbólico.
No como prueba, sino como marco. La muerte de Aponte deja de interpretarse solo desde su perfil empresarial y pasa a leerse desde su ubicación dentro de una red humana marcada por un atentado político previo.
No establece causalidad.
Pero convierte el hecho en algo más que un crimen aislado.
Y Colombia tiene memoria.
Cuando un crimen se cruza con figuras políticas, la sociedad deja de verlo como casualidad. Miguel Uribe Turbay fue asesinado un año antes. Ahora, alguien que acompañó íntimamente a su familia también muere en un atentado profesional. No hay evidencia pública de relación, pero la coincidencia es suficiente para generar sospecha colectiva.
¿Fue casualidad?
¿Fue un mensaje?
¿O fue un crimen independiente que terminó atrapado en una narrativa mayor?
Hoy, la Fiscalía no confirma ningún vínculo entre ambos hechos. Pero en la percepción social, el daño ya está hecho. El asesinato del empresario ya no es solo un expediente más. Es un capítulo nuevo dentro de una historia de violencia que el país todavía no termina de cerrar.
Porque, al final, lo que más inquieta no es lo que se sabe.
Es lo que todavía no se puede explicar.
