Cayó Capo Del C\J\NG Y Ardió Zacatecas | Rancho De Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Nodal

La noche del 12 de febrero Zacatecas volvió a recordarle al país que en ciertas regiones de México la frontera entre la vida cotidiana y la guerra criminal es apenas una línea invisible, una carretera, un retén improvisado, un convoy militar cruzando al mismo tiempo que una familia famosa se dirige al aeropuerto sin saber que está entrando en un tablero donde las reglas ya no las pone el Estado, sino los cárteles.

Todo comenzó con la detención de Flavio Alberto, alias El Braca, identificado por autoridades como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tabasco, Zacatecas, un operador regional con historial violento y con una estructura familiar también vinculada a la delincuencia organizada, padre, hermano e hijo ya detenidos en distintos momentos, una dinastía criminal de bajo perfil pero con control territorial real.

La captura no ocurrió en el vacío.

En los días previos, Villanueva, Tabasco y comunidades cercanas como Tayagua y Laguna del Carretero acumulaban al menos siete muertos en enfrentamientos entre grupos armados, balaceras en pleno centro, cuerpos abandonados en predios, vehículos incendiados y una sensación de guerra soterrada que las autoridades minimizaron hasta que los rumores los superaron.

¿De verdad nadie vio venir lo que iba a pasar?

El operativo que derivó en la captura de El Braca fue ejecutado por elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía de Investigación y Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, quienes lo aseguraron junto con otros tres presuntos delincuentes y lo trasladaban hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando ocurrió lo impensable: un ataque directo para rescatarlo.

No fue una emboscada improvisada.

Según la versión oficial, los agresores utilizaron un artefacto explosivo, posiblemente una mina terrestre o un explosivo lanzado desde un dron, una técnica cada vez más frecuente en zonas controladas por el CJNG, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a detener el convoy y desplegar un nuevo operativo de contención en plena carretera, justo en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar.

Y ahí comenzó el escándalo.

Porque casi de inmediato, en redes sociales y medios nacionales, empezó a circular la versión de que quienes habían quedado en medio del fuego cruzado no eran solo militares, sino Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal, quienes presuntamente viajaban rumbo al aeropuerto escoltados por personal de seguridad.

La primera versión fue negada.

La segunda fue matizada.

La tercera fue reinterpretada.

Y la cuarta terminó siendo la oficial.

Durante horas, autoridades estatales afirmaron que el ataque no tenía relación con la familia Aguilar, que se trató exclusivamente de una agresión contra las fuerzas de seguridad, que no hubo civiles involucrados y que los cantantes ni siquiera se encontraban en la zona, pero al día siguiente la narrativa cambió de forma sutil, casi imperceptible.

Sí estaban cerca.

Sí había escoltas.

Sí hubo resguardo especial.

Pero no fueron el objetivo.

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Ángela Aguilar y Nodal simplemente pasaban por un lugar donde se realizaba un operativo y que el ataque no iba dirigido contra ellos, que fue circunstancial, que estaban bien, que hubo comunicación inmediata y que todo estaba bajo control.

Sin embargo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas ofreció una versión más incómoda: confirmó la detención de El Braca, confirmó que el ataque buscaba liberarlo, confirmó el uso de explosivos, confirmó la presencia de escoltas de la familia Aguilar en las inmediaciones y confirmó que se desplegó un operativo especial para resguardar los accesos a los ranchos.

No dijo que eran el objetivo.

Pero tampoco dijo que no estaban en riesgo.

Y ese matiz lo cambia todo.

Porque lo que revela este episodio no es un accidente mediático, sino una radiografía brutal del país real: un capo regional detenido, un cártel intentando rescatarlo con explosivos, fuerzas armadas bloqueando carreteras, escuelas suspendiendo clases, helicópteros Black Hawk sobrevolando comunidades rurales y una familia famosa protegida por el Estado mientras alrededor hay minas, drones, fusiles y convoyes criminales.

El ataque no dejó muertos oficiales.

Pero dejó un mensaje.

En el lugar se aseguraron tres armas largas, diez cargadores abastecidos, chalecos balísticos, cincuenta ponchallantas, decenas de dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, además de dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines y un control remoto, una evidencia que explica por qué las autoridades federales solicitaron atraer el caso a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

Y aun así, nadie explicó cómo sobrevivieron a una explosión directa.

Nadie mostró los restos.

Nadie detalló el tipo de artefacto.

Nadie aclaró si fue una mina o un dron.

Solo se dijo que “todo está bajo investigación”.

Mientras tanto, la carretera permanece cerrada, vigilada por Guardia Nacional y Ejército, con patrullajes aéreos de la Quinta Región Militar, porque la zona es considerada punto de disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, una franja donde el control territorial cambia de manos según el último enfrentamiento.

Lo que ardió en Zacatecas no fue solo una balacera.

Fue el mito de que la violencia está lejos de la vida pública.

Porque en este país, hoy, un jefe de plaza puede ser capturado a metros del rancho de una dinastía musical, un cártel puede intentar rescatarlo con explosivos, el Estado puede reaccionar con helicópteros y convoyes, y al final todo se resume en un comunicado donde nadie se hace responsable de nada.

Y todos siguen su camino.