Toda la verdad del as*sinato del Empresario y su escolta en Bogotá, todos los detalles

La tarde del 11 de febrero de 2026, el norte de Bogotá volvió a convertirse en escenario de una escena que parecía sacada de una serie de crimen real. A las 3:45 de la tarde, dos hombres salían de un gimnasio ubicado en la calle 85, una zona concurrida, vigilada y acostumbrada al tránsito constante de ejecutivos, estudiantes y deportistas.
Minutos después, un sujeto vestido con traje y corbata se aproximó con paso firme, sin levantar sospechas, y disparó directamente contra ellos. Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, empresario, y Luis Gabriel Gutiérrez, su escolta personal. El atacante huyó de inmediato hacia la carrera séptima, donde una motocicleta lo esperaba con el motor encendido.
La Policía Metropolitana confirmó en las primeras horas que se trató de un ataque planeado, ejecutado con logística previa y ruta de escape definida. Hasta ese punto, el caso parecía encajar en una categoría conocida para Colombia: sicariato urbano, homicidio selectivo, ejecución profesional en plena vía pública. Grave, pero no inusual dentro de los patrones criminales del país.
Pero pocas horas después, la historia cambió de dimensión.
No fue una rueda de prensa.
No fue un comunicado de la Fiscalía.
Fue una publicación.
Horas después del crimen, María Carolina Hoyos, periodista y hermana de Miguel Uribe Turbay, publicó un mensaje de condolencias que, en apariencia, seguía el tono habitual de este tipo de comunicados. Sin embargo, al avanzar en el texto, quedó claro que no hablaba de un empresario cualquiera.

Reveló que Gustavo Aponte había acompañado a su familia durante los días más críticos posteriores al atentado contra Miguel Uribe en 2025, no como asesor, no como socio, no como aliado político, sino como acompañante personal en la unidad de cuidados intensivos. Según su relato, entró con ella a la UCI, llevó una imagen de la Virgen María y rezó junto a la familia cuando la vida del político pendía de horas.
Meses después, tras la muerte de Miguel Uribe, volvió a la casa familiar para repetir el gesto.
Ese detalle cambió completamente la naturaleza pública del caso. El asesinato dejó de percibirse únicamente como la muerte de un empresario para convertirse en la muerte de alguien que había estado dentro del duelo más íntimo de una familia marcada por un magnicidio reciente.
No es una conexión judicial.
Es una conexión simbólica.
Y en Colombia, las conexiones simbólicas pesan.
El mensaje no sugiere un móvil, no acusa a nadie, no establece relación criminal entre ambos hechos. Pero introduce un elemento poderoso: cercanía. Y la cercanía modifica la percepción social de cualquier crimen. Cuando la víctima no es solo un nombre, sino alguien ubicado dentro del círculo humano de una figura política asesinada, el caso deja de ser anónimo.
Antes la pregunta era simple: ¿quién mató a un empresario en Bogotá?
Después del mensaje, la pregunta se transformó: ¿por qué una persona cercana a una familia víctima de violencia política también muere en un atentado planificado?

La importancia del mensaje radica precisamente en lo que no dice. No habla de negocios, ni de campañas, ni de partidos. Habla de fe, de acompañamiento, de dolor compartido. Paradójicamente, eso hace que el vínculo sea más significativo para la opinión pública. Las relaciones políticas pueden ser circunstanciales. Las relaciones construidas alrededor de la muerte rara vez lo son.
Desde el punto de vista social, la revelación desplazó el caso del terreno puramente criminal al terreno simbólico. La Fiscalía sigue investigando autores materiales y posibles determinadores, pero la sociedad empezó a leer el crimen dentro de un contexto mayor, inevitable.
La familia Uribe Turbay había sufrido un atentado político reciente. Un año después, alguien que estuvo con ellos en ese proceso también muere bajo una ejecución metódica. No prueba nada, pero genera un fenómeno conocido en criminología mediática: la percepción de patrón.
Y la percepción de patrón pesa más que cualquier comunicado oficial.
Después del impacto inicial, surgió una aclaración clave: la naturaleza del vínculo. No era una alianza política, no era un operador, no era un intermediario de poder. Lo que describió Hoyos fue algo más difícil de clasificar en un expediente judicial: una relación construida en medio del dolor.
Gustavo Aponte no apareció en la vida de la familia en actos públicos ni reuniones estratégicas. Apareció en el lugar menos visible de todos: una UCI, cuando ya no hay cámaras, discursos ni cálculos. Entró con una imagen religiosa, rezó y volvió meses después a hacer lo mismo.
Las relaciones personales no dejan contratos.
Solo memoria.
Y cuando una de esas relaciones aparece después de un crimen violento, su impacto es mayor. No porque pruebe algo, sino porque humaniza a la víctima. La sitúa dentro de una historia previa. La convierte en alguien más que un perfil profesional.
Ese tipo de vínculo no genera titulares judiciales, pero sí significado social. Y el significado modifica la percepción del riesgo.
La muerte de Aponte dejó de interpretarse solo desde su actividad empresarial. Pasó a leerse desde su ubicación en una red humana ya atravesada por violencia política.

No es una conclusión.
Es un cambio de marco.
El caso ya no se observa como un crimen aislado, sino como la desaparición violenta de alguien que fue testigo cercano de un episodio traumático nacional. No establece causalidad, pero sí convierte el hecho en algo más grande a los ojos de la sociedad.
Y luego está la escena del crimen.
La información confirmada por la Policía Metropolitana permite reconstruir una secuencia clave. El ataque no fue improvisado. Ocurrió en plena tarde, en una zona de alto tránsito, frente a un gimnasio. El agresor vestía traje y corbata, un detalle que no es estético, es operativo.
En homicidios selectivos, la apariencia formal reduce la sospecha. Permite acercarse sin activar alertas. No obliga a la víctima a cambiar su comportamiento. Neutraliza la reacción preventiva de la escolta.
El atacante esperó la salida, se aproximó sin discusión, disparó directamente y huyó hacia una motocicleta que ya lo estaba esperando. No hubo robo. No hubo intercambio verbal. No hubo persecución a pie. Todo indica coordinación.
Para ejecutar un ataque así se necesita conocer rutinas. Horarios, trayectos, puntos de salida. Esa información no se obtiene en minutos. Implica observación previa o acceso anticipado a datos.
El segundo elemento es la eliminación de la escolta. No fue un disparo accidental. Fue una decisión operativa: neutralizar protección, asegurar el resultado, evitar respuesta inmediata.
No fue un crimen oportunista.
Fue una ejecución focalizada.

La Policía afirmó que el crimen habría sido planeado con antelación. Esa frase, en términos técnicos, significa homicidio por encargo: selección previa del objetivo, reconocimiento del entorno, punto de escape definido y ejecución rápida.
La hora también importa. Las 3:45 de la tarde no es un momento de baja circulación. Hay tráfico, peatones, cámaras. Ejecutar el ataque en ese horario implica confianza en la rapidez y en la retirada.
La violencia no apareció por azar.
Fue a buscar a la víctima.
Y ahí aparece el punto central. Más allá del vínculo simbólico, el caso vuelve a abrir un debate profundo en Bogotá: el regreso del sicariato selectivo a zonas donde antes parecía controlado.
El crimen no es importante solo por quién era la víctima. Es importante por lo que revela: persistencia del sicariato urbano, inseguridad en zonas vigiladas, impacto emocional en una familia ya golpeada por la violencia política.
Hoy el vínculo con la familia de Miguel Uribe Turbay no es una prueba de conspiración. Es un elemento humano que convierte un expediente policial en un hecho nacional.
La Fiscalía investiga tres cosas: autores materiales, financiadores y móvil. Hasta que eso no se determine, cualquier afirmación más allá de lo confirmado es especulación.
Pero hay una realidad innegable.
Este ya no es solo el asesinato de un empresario.
Es una historia que se insertó, quiera o no la justicia, dentro de una narrativa de violencia política, simbólica y social que Colombia aún no ha logrado cerrar.


