Diego Fernández de Cevallos volvió a escena como vuelven los personajes que nunca se van del todo: sin pedir permiso, con la voz afilada y con una columna que cayó como piedra en el estanque político mexicano, removiendo lodo, egos y silencios incómodos en la Suprema Corte. El texto, publicado en Milenio bajo el título En defensa de un inocente, no era en realidad una defensa, sino una autopsia pública, una crónica sarcástica sobre el ministro Hugo Aguilar y, de paso, sobre el estado moral de las instituciones que hoy dicen impartir justicia.
Fernández de Cevallos no escribió como abogado, escribió como fiscal del lenguaje, con esa mezcla de ironía y desprecio elegante que lo ha caracterizado durante décadas. Arrancó con una frase demoledora: muchos han criticado al ministro, pero la culpa no es de él, sino de quien lo hizo compadre. Y desde ahí, todo fue cuesta abajo, porque el texto no buscaba explicar, sino exhibir, no pretendía argumentar, sino ridiculizar.
El ex senador retrata a Hugo Aguilar como una figura que no entiende la investidura que carga, un funcionario que confunde el cargo con el disfraz, la toga con el personaje, el poder con el performance. Lo describe como errático, torpe, casi caricaturesco, alguien cuya mayor aportación a la Corte no ha sido una sentencia histórica, sino una toga con florecitas de colores y una colección de escenas virales que han convertido al máximo tribunal del país en material de meme.
La escena del café derramado se convirtió en símbolo. Mientras en otros países un primer ministro se agacha a limpiar lo que tiró, en México el presidente de la Corte permanece con las manos en los bolsillos, mirando cómo dos subordinados —una de ellas mujer— se inclinan para limpiar sus zapatos. No hace falta un tratado de sociología para entender lo que se ve: jerarquía, soberbia, poder mal entendido, un gesto mínimo que revela una mentalidad máxima.
Silencio.
Y en ese silencio, lo que Fernández de Cevallos subraya no es solo la anécdota, sino lo que representa: un funcionario que no comprende el protocolo, que no entiende que todos los ojos están sobre él, que no dimensiona que su comportamiento no es privado, sino público, simbólico, político. No es solo un hombre al que se le cayó el café, es la imagen de una Corte que parece haberse desconectado de la noción básica de dignidad institucional.
El texto se vuelve más ácido cuando recuerda el pasado de Aguilar como indigenista, recabando huellas digitales de comunidades indígenas para proyectos oficiales, y lo conecta con su presente como ministro, al que acusa de servir más al discurso político que a la justicia. Para Diego, no es casualidad: es el mismo perfil, el mismo molde, un funcionario útil al poder, moldeado para obedecer, no para cuestionar.
Y ahí aparece el verdadero fondo del asunto: la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Fernández de Cevallos no habla solo de Hugo Aguilar, habla de un sistema. De una Corte que, según su visión, ha sido colonizada por la política, domesticada por el discurso oficial, transformada en un apéndice del gobierno. Jueces, magistrados, ministros, todos atrapados en una estructura que ya no garantiza autonomía, sino alineación.
Porque si la Fiscalía no es autónoma, si los jueces dependen del clima político, si las reformas judiciales se diseñan desde el poder, entonces la justicia deja de ser justicia y se convierte en herramienta. Justicia a la carta, como él mismo lo llama. Un sistema donde se investiga a quien conviene, se persigue al opositor competitivo y se absuelve al aliado estratégico.
¿Quién decide entonces quién es honesto y quién es criminal?
El pesimismo de Diego no es moderado, es brutal. Habla de un régimen podrido, de un gobierno sin esperanza, de instituciones corrompidas desde la raíz. Dice que ya no se puede esperar nada ni de la presidenta, ni de los secretarios, ni de los legisladores. Que la corrupción ya no es excepción, es sistema. Que la podredumbre ya no se esconde, sale de las coladeras.
Y en medio de esa crítica política, la columna se cruza con la economía, como si todo formara parte del mismo deterioro. Inflación en aumento, impuestos al alza, gasolina más cara, refrescos, cigarros, comida preparada. El costo de vida sube, pero los servicios no mejoran. No hay más seguridad, no hay mejores calles, no hay medicinas, no hay infraestructura que aguante más de un mes sin romperse.
Todo se conecta.
La imagen del bache recién tapado que vuelve a abrirse resume el diagnóstico: parches sobre parches, soluciones cosméticas para problemas estructurales. Igual que la toga con flores, igual que los discursos en lenguas indígenas, igual que las camionetas blindadas vendidas como ahorro. Mucho símbolo, poca sustancia.
Fernández de Cevallos no pide reformas, pide resistencia política. Llama a quitarle al oficialismo el control de la Cámara en 2027 y a “salvar a México” en 2030. No habla como analista, habla como combatiente. Su texto no es neutral, es una declaración de guerra discursiva contra Morena, contra la reforma judicial, contra la narrativa de que todo está bien.
Y lo más inquietante es que, más allá del tono exagerado o incendiario, el texto conecta con una sensación compartida: la de estar viviendo en un país donde las formas se han vaciado de contenido, donde las instituciones existen pero no convencen, donde el poder ya no se justifica, solo se exhibe.
Porque al final, lo que molesta no es el café derramado, ni la toga con flores, ni el discurso en lengua indígena. Lo que molesta es lo que representan: un poder que se siente intocable, una élite política que ya no se explica, solo se impone.
Y eso, para un país acostumbrado a la desconfianza, es mucho más peligroso que cualquier columna.
¿De verdad este es el rostro de la justicia en México?
