¡LOS TUVIERON QUE SEPARAR! Andy lanza fuerte reclamo a Harfuch y se pelean en Palacio Nacional

En los pasillos de Palacio Nacional ya no se habla en voz baja, se habla con nervios, con miradas cruzadas y con versiones que se filtran como si alguien hubiera abierto una grieta imposible de sellar, porque esta vez la lumbre no se quedó en los operadores, ni en los intermediarios, ni en los marinos, esta vez la lumbre comenzó a rozar directamente a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El detonante, según fuentes con acceso directo a reuniones de alto nivel, fue una discusión subida de tono entre Andy López Beltrán y Omar García Harfuch, una discusión que obligó a terceros a intervenir para separarlos, una escena que no estaba pensada para existir en el corazón mismo del poder político mexicano.
No fue una charla diplomática, no fue un intercambio de cortesías, fue un reclamo frontal, cargado de tensión, reproches y amenazas veladas, una confrontación que ocurrió justo cuando las investigaciones por el huachicol fiscal comenzaron a tomar una dirección incómoda, demasiado cercana al apellido López Beltrán.
¿Por qué ahora?
Porque el caso dejó de ser un rumor y se convirtió en una carpeta real dentro de la Fiscalía General de la República, con testimonios, con nombres, con rutas marítimas, con buques, con empresas fantasma, con transferencias, con un patrón que se repite: contrabando de combustible, evasión fiscal, protección institucional y una red que, según las indagatorias, operó durante años bajo la sombra del poder político.

El nombre clave que lo cambia todo es el de un testigo protegido identificado como “Código Santo”, quien declaró que dentro del grupo que operaba la red de huachicol fiscal hubo un conflicto interno entre Harfuch y uno de los hijos del presidente, y que ese conflicto no fue personal, fue por el control, por la información y por el rumbo de las investigaciones.
En otras palabras, alguien estaba tocando intereses demasiado altos.
A partir de ahí comenzaron a aparecer elementos extraños, casi grotescos, como si alguien estuviera tratando de adelantarse a la justicia: amparos promovidos a nombre de los hijos del expresidente en distintas entidades del país, Ciudad de México, Zacatecas, Tabasco, todos con el mismo patrón, todos con la misma lógica, todos sin firmas claras, como si hubieran sido sembrados para blindar jurídicamente lo que todavía ni siquiera estaba formalmente imputado.
Amparos contra incomunicación, contra localización, contra secuestro.
Amparos de emergencia.
Amparos de pánico.
Y lo más inquietante no es que existan, sino que un juez los haya admitido, integrando en el mismo paquete a personajes históricamente vinculados con redes de contrabando de combustible, exfuncionarios de aduanas, intermediarios, operadores marítimos, empresarios señalados en reportes de inteligencia y, al centro del expediente, los hijos del expresidente.
Demasiada coincidencia para ser casualidad.
Demasiada precisión para ser improvisación.
En este contexto se da la escena de Palacio Nacional: Andy López Beltrán encara a Harfuch, lo acusa de permitir filtraciones, de no frenar la narrativa, de dejar que los nombres de su familia comiencen a circular en medios, en reportes, en investigaciones que ya no se pueden contener.

Harfuch responde que no controla a la fiscalía, que la información viene de Estados Unidos, que los reportes no nacieron en México, que el hilo no se está jalando desde adentro sino desde afuera, y que cuando Washington decide mover un expediente, nadie en México tiene la capacidad real de cerrarlo.
Ahí sube el tono.
Ahí se rompe el equilibrio.
Ahí alguien tiene que intervenir.
Porque lo que estaba en juego ya no era un tema político, era un tema penal.
La red que hoy se investiga tiene un volumen brutal: decenas de envíos de diésel, cientos de miles de barriles, pérdidas fiscales de miles de millones de dólares, buques descargando en puertos estratégicos como Altamira y Tampico, con protección institucional, con escoltas, con documentos falsos, con aduanas infiltradas.
No era huachicol de ducto.
Era huachicol de élite.
Huachicol fiscal.
Huachicol internacional.
Huachicol con traje y corbata.
Dentro de esa red aparecen los hermanos Farías Laguna, marinos de alto rango, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, operadores clave de las rutas marítimas, señalados como el eslabón entre el contrabando y la protección institucional.
Y según los testimonios, el “jefe” político de esa estructura no era un funcionario menor, sino Andy López Beltrán.

Eso es lo que cambia todo.
Eso es lo que enciende la mecha.
Porque una cosa es investigar a empresarios, a marinos, a intermediarios, y otra muy distinta es que el apellido del expresidente empiece a figurar en declaraciones formales dentro de una investigación federal con cooperación internacional.
Por eso la pelea.
Por eso el reclamo.
Por eso el miedo.
Porque no se trata solo de reputación, se trata de jurisdicción.
Se trata de saber si este caso se va a resolver en tribunales mexicanos o si va a terminar en cortes estadounidenses, donde el margen de control político es prácticamente nulo.
Y mientras tanto, Pemex enfrenta un desabasto real de diésel, la CFE consume combustible que no puede surtirse legalmente, y las cifras oficiales confirman que durante el sexenio anterior más del 30% del diésel que circuló en el país tenía origen ilegal.
Un negocio perfecto: cliente cautivo, sobreprecio garantizado, contratos públicos, cero competencia, máxima opacidad.
El modelo financiero ideal para financiar campañas, estructuras, lealtades.
El verdadero cártel del poder.
Lo que comenzó como una investigación técnica hoy se convirtió en una bomba política.
Lo que parecía un tema de aduanas hoy toca directamente a la familia presidencial.
Lo que era un escándalo administrativo ahora amenaza con convertirse en un juicio histórico.
Y en medio de todo, una escena simbólica: dos hombres enfrentados en Palacio Nacional, uno representando al nuevo poder de seguridad, otro al viejo núcleo del poder político, discutiendo no sobre ideología, no sobre proyectos, sino sobre daños, filtraciones y hasta dónde va a llegar la justicia.
Porque ya no es si va a caer alguien.
Es quién va a caer primero.
Y quién va a intentar salvarse sembrando amparos antes de que la historia se escriba completa.
