¡GOLPE FINAL! Washington lanza ley para detener a líderes de Morena tras la caída de Maduro

No fue un anuncio oficial ni una conferencia solemne desde la Casa Blanca.
Fue una palabra.

“Plenary authority”.

Stephen Miller la dejó caer en una entrevista casi casual con CNN, como quien menciona un tecnicismo jurídico sin consecuencias. Pero en Washington, las palabras nunca son inocentes, y menos cuando salen de la boca del hombre que hoy concentra la agenda más radical del trumpismo.

Autoridad plenaria.
Poder absoluto.
Dentro y fuera de Estados Unidos.

Mientras América Latina aún digería el golpe fulminante contra el régimen de Nicolás Maduro, en los pasillos del poder estadounidense se activaba otra maquinaria, silenciosa y mucho más peligrosa. No se trataba ya de Venezuela. El foco empezaba a desplazarse hacia el norte del continente, hacia el país que durante décadas fue socio comercial y hoy aparece en los informes de inteligencia como un “problema de seguridad”.

México.

La caída de Maduro no fue solo el final de una dictadura. Fue un mensaje. Un ensayo general. Una demostración de que Washington estaba dispuesto a cruzar líneas que antes decía respetar. Y tras ese precedente, la pregunta dejó de ser “si” y pasó a ser “quién sigue”.

En el centro de esa ecuación aparece Stephen Miller, el ideólogo duro, el hombre que ha ido desplazando a figuras más moderadas dentro del entorno de Donald Trump. Mientras Marco Rubio hablaba de diplomacia condicionada y negociación estratégica, Miller tomaba el control del expediente más explosivo: los cárteles y sus presuntos vínculos políticos.

En agosto, una filtración del Comando Norte ya había encendido las alarmas. Documentos internos advertían que se estaban elaborando listas de objetivos potenciales en territorio mexicano. No eran ejercicios teóricos. Eran escenarios operativos. Planes con nombres, coordenadas y tiempos estimados.

Washington miraba hacia el sur.
Y no solo con drones.

El memorándum revelado por CNN fue el punto de quiebre. El Departamento de Justicia otorgaba a la Casa Blanca facultades para autorizar acciones militares contra organizaciones criminales fuera del territorio estadounidense, sin necesidad de aval explícito del Congreso. En lenguaje llano: carta blanca.

La ley de insurrección, que durante décadas había sido un recurso extremo, volvía a la mesa como herramienta política. Bajo el argumento de “amenazas transnacionales”, se abría la puerta a operaciones directas, selectivas, quirúrgicas.

Y en los análisis internos, un nombre empezaba a repetirse con inquietante frecuencia: Morena.

No como partido, sino como estructura de poder.
No como ideología, sino como posible red de protección.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se convirtió en el campo de batalla perfecto. Trump lanzó la primera bomba al amenazar con romperlo unilateralmente y sustituirlo por acuerdos bilaterales. Una jugada que, más allá de lo comercial, buscaba algo más profundo: presión total.

Energía, telecomunicaciones, agricultura, propiedad intelectual.
Cada capítulo del tratado era usado como palanca.

Washington acusaba a México de favorecer monopolios estatales, de cerrar el paso a empresas estadounidenses, de debilitar el Estado de derecho. Pero detrás de esos reclamos técnicos, el verdadero elefante en la habitación era la seguridad.

Los cárteles.
Y quién los protege.

En círculos cerrados se hablaba ya de una “segunda fase” tras Venezuela. No de un cambio de régimen, pero sí de una limpieza selectiva. Extradiciones forzadas. Congelamiento de activos. Órdenes de captura internacionales. Y, en casos extremos, acciones directas.

Stephen Miller no hablaba de cooperación. Hablaba de autoridad.
Plenaria.

Cuando se le preguntó si el Congreso debía ser consultado ante un ataque fuera del país, su respuesta fue clara: el presidente tiene el poder. Punto. Los tratados internacionales, los derechos humanos, las normas multilaterales pasaban a un segundo plano frente a lo que él definía como “defensa nacional”.

El precedente venezolano servía como justificación.
Si se pudo ahí, se puede en cualquier lado.

En México, el silencio fue elocuente. Declaraciones diplomáticas, llamados a la soberanía, gestos de buena voluntad. Pero en Washington eso ya no bastaba. La narrativa había cambiado. Ya no se trataba de colaboración, sino de resultados.

Más capos.
Más nombres.
Más entregas.

Y no solo criminales de bajo perfil. En los informes circulaban referencias a “cuellos blancos”, a redes financieras, a protección política. La palabra “Morena” aparecía subrayada no como acusación formal, sino como hipótesis de trabajo.

La guerra ya no era comercial.
Era estructural.

El golpe final no sería un bombardeo ni una invasión. Sería legal, financiero y selectivo. Una ley, un memorándum, una orden ejecutiva. Y después, las detenciones.

Una por una.

La caída de Maduro demostró que el tiempo de las advertencias había terminado. Washington ya no pedía permiso. Ejecutaba. Y mientras los gobiernos de la región observaban con cautela, una pregunta flotaba en el aire, incómoda y urgente:

¿Quién será el siguiente en la lista?