Famoso cirujano condenado y prófugo: la nueva guerra de Luis Fernando Reyes ahora golpea a su hija

La violencia no siempre termina con una sentencia. A veces, apenas cambia de forma. En Colombia, mientras un expediente judicial avanza lentamente y un condenado permanece prófugo, la guerra se traslada a otros territorios más silenciosos: el cuerpo emocional de una hija, la vida cotidiana de una madre y la arena pública donde la verdad se disputa a golpes de narrativa.

Luis Fernando Reyes, reconocido cirujano plástico, fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por violencia intrafamiliar y por haber causado lesiones graves a quien entonces era su esposa, Adriana Vargas. El fallo fue contundente. Pero el hombre no esperó la segunda instancia. Salió del país y hoy permanece oculto en Dubái, fuera del alcance inmediato de la justicia colombiana.

Desde allí, lejos de guardar silencio, inició una nueva ofensiva.

Esta vez, el blanco no fue solo Adriana. Fue su propia hija.

La historia tomó un giro aún más perturbador cuando Luis Fernando Reyes solicitó judicialmente una prueba de ADN para cuestionar la paternidad de María José, una menor que durante años reconoció públicamente como su hija. No fue una duda íntima ni un proceso discreto. Fue una acción judicial acompañada de declaraciones públicas, insinuaciones y ataques que, según la madre, buscaban deslegitimar no solo su testimonio sino la existencia misma del vínculo paterno.

Adriana Vargas relata que la violencia continuó después del fallo condenatorio. Cambió de escenario, pero no de intensidad. Campañas en redes sociales, páginas espejo, mensajes que se repiten una y otra vez, construyendo una narrativa donde el condenado se presenta como víctima y la mujer como una mentirosa. Una estrategia conocida. Desgastar, confundir, invertir los roles.

El proceso de paternidad comenzó con una demanda presentada por el propio Reyes, quien además solicitó elegir el laboratorio donde se realizaría la prueba genética. Para Adriana, el gesto encendió todas las alertas. No era una paranoia gratuita. Él es médico. Conoce procedimientos. Conoce vacíos. Y en la demanda, además, se incluía una cláusula que rozaba la amenaza: si la niña no era su hija, Adriana debía devolver todo el dinero que él había aportado para su manutención.

¿Qué tipo de amor se expresa así?

La jueza aceptó la elección del laboratorio propuesta por Reyes. El día de la prueba, María José, su madre y el propio Luis Fernando coincidieron en el mismo espacio. Adriana esperaba un gesto humano, un abrazo, una palabra. No ocurrió. El trato fue frío, distante, casi procesal, como si la niña fuera una contraparte más y no su hija.

Las muestras se tomaron bajo protocolo. Sangre de la menor, de la madre y del presunto padre. Al finalizar, Adriana pidió algo sencillo: una fotografía de las tarjetas de muestra, un respaldo mínimo después de años de irregularidades vividas en otros procesos. Fue entonces cuando Luis Fernando se alteró. Manoteó, evitó la conversación y salió del lugar sin responder.

Afuera, la escena se volvió caótica. Gritos, acusaciones de agresión, una esposa actual que se suma al escándalo, un hermano que presencia todo. Un espectáculo innecesario que dejó a la menor expuesta, una vez más, al conflicto adulto.

Treinta días después, el resultado fue claro.
99 % de coincidencia genética.
Luis Fernando Reyes es el padre de María José.

Pero ni siquiera ese dato detuvo la confrontación.

Por decisión judicial, se ordenó una segunda prueba de ADN, esta vez en un laboratorio avalado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en una universidad pública. La fecha llegó. Adriana y su hija asistieron. Luis Fernando no. Para entonces, ya había abandonado el país.

La jueza fue paciente. Concedió nuevas oportunidades. Tres citaciones. Tres ausencias injustificadas. Finalmente, decidió separar las tomas: un día para la menor y su madre, otro para el padre. Adriana y María José cumplieron. Él no apareció.

En el laboratorio, la niña dijo algo que nadie olvidó. Que lo doloroso no era la aguja, sino lo que su padre le estaba haciendo.

Mientras tanto, desde el extranjero, Reyes intensificó su campaña mediática. Creó páginas donde asegura temer por su vida si regresa a Colombia, comparando su situación con casos de violencia política. La jueza fue clara: los argumentos de seguridad no justifican el incumplimiento de una orden judicial. Si existe riesgo, hay canales institucionales. Pero la prueba fue solicitada por él. Y él fue quien decidió no enfrentarla.

El hostigamiento no se detuvo ahí. Adriana denuncia la existencia de múltiples cuentas espejo en redes sociales, cerradas y reabiertas una y otra vez, difundiendo mensajes, videos y acusaciones. El CTI logró cerrar algunas, pero la dinámica persiste. Un desgaste constante, calculado.

A la historia se sumó un elemento inesperado. Una exesposa de Reyes, Jaqueline Pernía, contactó a Adriana. Le envió el acta de matrimonio que él públicamente negaba y una denuncia penal con descripciones graves sobre su comportamiento. Antes, ella también había sido agresiva, cómplice del discurso. Después, dice haber comprendido. Haber visto pruebas. Haber sido manipulada.

Incluso relató reuniones en el consultorio del cirujano donde, según su testimonio, se discutieron “soluciones” extremas para acabar con el problema que representaba Adriana. Palabras que, en Colombia, no se toman a la ligera.

Hacerlo público fue una decisión de supervivencia.

Hoy, María José carga con el peso de un rechazo público. Ha perdido peso. Llora con frecuencia. Se pregunta por qué su padre habla de amor en redes sociales, pero no comparte cumpleaños, viajes ni recuerdos reales. Quiere crecer rápido para poder hablar, para que su voz también sea escuchada y no quede sepultada bajo comunicados y videos editados.

Luis Fernando Reyes sigue prófugo.
Condenado.
Activo mediáticamente.
Ausente judicialmente.

Adriana no pide venganza. Pide que diga la verdad. Que regrese. Que enfrente la justicia. Que deje de mentir. Sabe que quizá no habrá arrepentimiento, pero insiste en que cada palabra que él ha pronunciado puede ser contrastada con pruebas.

Y mientras tanto, lanza un mensaje a otras mujeres: fortalecerse, educarse, construir redes reales, no precipitarse, documentar, pensar cada paso. Porque alzar la voz sin pruebas puede convertirse en otra trampa.

La historia sigue abierta.
La herida también.

¿Hasta cuándo un prófugo puede seguir ejerciendo poder sobre la vida de una niña sin enfrentar las consecuencias?