La noche en que el alcalde Carlos Manzo fue asesinado no solo marcó a todo Michoacán, sino que abrió una grieta por donde ahora se asoma la descomposición más profunda de las policías municipales.
Lo que comenzó como una investigación por un crimen político en Uruapan terminó revelando un patrón que estremece incluso a quienes creían haberlo visto todo.
La historia se volvió tan oscura, tan caótica y tan llena de contradicciones, que hoy las autoridades ya no investigan solo a un tirador, sino a cuerpos completos de policías que operaban como auténticos grupos criminales.
Porque la pregunta ya no es quién mató a Carlos Manzo.
La verdadera pregunta es: ¿qué tan infiltradas están las policías que debían protegerlo?
Todo empezó con la revisión del asesinato de Manzo el primero de noviembre, cuando el joven tirador —Víctor Manuel, menor de edad y bajo los efectos de drogas— logró acercarse al alcalde tres veces sin que sus escoltas detectaran nada.
Este detalle encendió todas las alarmas y puso bajo sospecha a la guardia personal del alcalde.
La fiscalía informó que el menor no era militar, no era marino, no era un profesional del crimen: era un joven manipulado, bajo sustancias, que logró vulnerar un sistema de seguridad entero.
Mientras los investigadores reconstruían los movimientos del atacante a partir de decenas de videos, algo más comenzó a ocurrir lejos de Uruapan, a unos 80 kilómetros, en Ario de Rosales.
Allí, un operativo sorpresa de la Fiscalía General del Estado terminó convirtiéndose en uno de los momentos más extraños y perturbadores del caso.
Los policías municipales simplemente desaparecieron.
Cuando los agentes estatales y el ejército llegaron al municipio para ejecutar órdenes de aprehensión contra varios elementos de la corporación local, encontraron patrullas abandonadas.
Armas tiradas.
Chalecos balísticos sin dueño.
Y una comandancia vacía, muda, como si toda la corporación se hubiera evaporado minutos antes.
Lo más inquietante es que eso fue exactamente lo que pasó.
Los policías estaban alertados desde antes.
Huyeron.
Dejaron todo atrás.
Mientras la prensa local reportaba el caos, la Dirección de Seguridad Pública municipal salió a desmentirlo todo en redes sociales.
Aseguraron que no había fuga, que solo se trataba de una “revisión de rutina” de la Sedena y que nadie había abandonado su cargo.
Incluso publicaron fotos de la alcaldesa Johana Mendoza acompañada del director de seguridad y del coordinador de la Guardia Nacional.
El mensaje era claro: “Aquí no pasó nada”.
Pero las autoridades estatales revelaron después que sí pasó, y mucho.
Para entenderlo, hay que retroceder al 5 de octubre, cuando en esa misma zona una mujer fue asesinada durante un incidente con policías municipales.
Detuvieron una camioneta.
La conductora intentó avanzar.
Los policías abrieron fuego.
Ella murió.
Otro acompañante fue golpeado, torturado y presuntamente privado de la libertad.
Un crimen brutal en el que participaron al menos nueve policías.
Por eso, desde mediados de octubre, 20 agentes ya estaban bajo investigación.
Aun así, seguían activos.
Hasta que el operativo sorpresa del 27 de noviembre los obligó a desaparecer.
La fiscalía reveló que existen nueve órdenes de aprehensión contra esos agentes, pero no pudieron cumplirse porque los policías “no se presentaron a trabajar”.
La explicación oficial: “dijeron que tenían COVID”.
La explicación real: estaban huyendo.
Mientras se desataba ese caos, la investigación del asesinato de Manzo seguía su curso.
El fiscal presentó un análisis profundo de los 200 actos de investigación realizados.
Expuso cómo el tirador se acercó tres veces.
Cómo burló la seguridad.
Cómo logró mezclarse entre la gente pese a su capucha blanca y su caminar sospechoso.
Y cómo el escolta prófugo, José Manuel, lo abatió cuando ya estaba sometido.
Según la fiscalía, la actuación de la escolta personal del alcalde es ahora una de las líneas más sensibles del caso.
Si el tirador era un joven drogadicto sin entrenamiento, ¿cómo burló un dispositivo profesional tres veces?
¿Por qué nadie lo detuvo antes del ataque?
¿Quién debía proteger al alcalde y no lo hizo?
A todo esto se suma un detalle inesperado: la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, inició el trámite para registrar el nombre “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” como marcas.
El IMPI confirmó que la solicitud está en análisis.
Una medida para proteger el legado político de su esposo, asegura ella.
Un movimiento polémico para otros.
Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió un momento incómodo cuando en plena conferencia retiraron unos sombreros promovidos por el gobernador Samuel García para el Mundial.
La escena causó confusión, porque muchos pensaron automáticamente en Manzo, no en la campaña turística del estado.
El poder simbólico del sombrero se volvió evidente.
El país entero lo asociaba ya con el alcalde asesinado.
Y mientras la opinión pública discutía símbolos, marcas y conferencias, la violencia seguía avanzando.
El alcalde de Celaya reveló que antes de asumir su cargo fue llevado a una reunión con miembros de un cártel que le exigieron puestos de gobierno.
Aseguró que se negó.
Aseguró que temió por su vida.
Pero no presentó denuncia.
Solo quedó como anécdota, otro síntoma del deterioro.
Días después, el alcalde de Tepeapulco denunció haber sido perseguido por una camioneta con hombres armados en un camino rural.
Su equipo logró evadirlos.
Pidió apoyo.
Fue escoltado hasta un sitio seguro.
Este caso sí terminó en denuncia formal.
Volvemos a Ario de Rosales.
¿Por qué huyeron los policías?
¿Por qué dejaron armas, unidades y sus propios uniformes tirados en la calle?
¿Por qué mintieron después desde redes sociales?
Las respuestas están en el expediente.
La Fiscalía Especializada en Feminicidios vinculó el asesinato de la mujer del 5 de octubre con la corporación policial.
Encontró inconsistencias.
Abusos.
Posibles vínculos con grupos criminales de la región.
Y con eso activaron las órdenes de aprehensión.
Cuando el ejército llegó, los policías ya lo sabían.
Alguien les avisó.
Alguien dentro de las instituciones les filtró la operación.
Y el grupo entero desapareció antes de que las fuerzas estatales y federales llegaran.
La fiscalía confirmó que uno de los nueve policías ya fue detenido este 29 de noviembre.
No dieron detalles.
No explicaron dónde, ni cómo, ni en qué condiciones.
Solo confirmaron que cayó uno.
Ocho siguen fugados.
Mientras tanto, en Uruapan, los escoltas de Manzo continúan siendo investigados por su actuar la noche del ataque.
La fiscalía lleva más de 140 dictámenes periciales y un centenar de entrevistas.
El caso avanza, pero también se expande.
Lo que empezó siendo una tragedia local se ha convertido en una radiografía nacional de corrupción policial, infiltración criminal y vacío institucional.
Y aunque las autoridades aseguran que el registro de “Carlos Manzo” como marca no afectará el periodismo ni la cobertura mediática, lo cierto es que este caso ya superó cualquier frontera administrativa o legal.
Hoy es un símbolo.
Un espejo incómodo.
Una advertencia.
Porque si policías municipales pueden desaparecer enteros en minutos,
si un tirador menor de edad puede eludir un cordón de seguridad,
si un alcalde puede ser obligado a reunirse con un cártel antes de asumir su cargo,
¿qué tan profundo es el colapso?
Y, sobre todo…
¿quién protege a quién en Michoacán?
