El país sintió un temblor que no se midió en la escala de Richter, sino en la escala del miedo nacional, cuando en la tarde del 27 de noviembre de 2025 se confirmó el asesinato del teniente coronel Rafael Granado Rueda.
Un militar de trayectoria, un operador clave en la Brigada contra el Narcotráfico número tres, un hombre acostumbrado a caminar por territorios donde la ley y la ilegalidad se miran fijamente sin pestañear.
Su muerte no solo estremeció a las fuerzas armadas, sino que abrió una grieta profunda que deja escapar preguntas, sospechas y un silencio cargado de señales.
Granados no era un nombre más en la estructura del Ejército.
Era un punto de referencia, un estratega que aparecía en informes, briefings de inteligencia y operativos de alto riesgo.
Un oficial que no mandaba desde lejos, sino que se hundía en el barro, respiraba el mismo polvo y enfrentaba los mismos riesgos que sus hombres.
Su presencia en el Cauca había sido determinante durante años.
Ese territorio complejo donde cada montaña es una frontera, cada sendero es una ruta disputada y cada hectárea es un botín para grupos armados y redes criminales.
Granados entendía ese mapa como pocos: sabía cuándo presionar, cuándo avanzar y cuándo replegarse para golpear mejor.
Sus tropas lo describían como exigente, duro, pero presente.
Un mando que no delegaba el riesgo y que caminaba al frente cuando la operación lo exigía.
Su rol como jefe del departamento de operaciones de la Brigada lo situaba en el corazón del conflicto, en el centro del tablero donde las fichas cambian de lugar todos los días.
Y por eso mismo, su nombre resonaba también entre quienes operan al margen de la ley.
Porque cada operación que dirigía significaba una pérdida para ellos: un campamento destruido, un corredor cerrado, un envío incautado.
En regiones como el norte del Cauca, donde el poder se disputa centímetro a centímetro, la presencia de un oficial como él rompe equilibrios y provoca tensiones invisibles.
El valor simbólico de un hombre como Granados supera su cargo militar.
Era una pieza clave en la ofensiva estatal contra economías ilícitas.
Y por eso, su asesinato no fue un acto impulsivo ni un estallido repentino de violencia.
La reconstrucción del ataque lo deja claro.
No hubo improvisación.
El coronel se desplazaba hacia su residencia en Popayán, un trayecto habitual, un movimiento previsible para quienes lo vigilaban.
Los sicarios eligieron una zona urbana, un punto con tránsito constante, un espacio donde el riesgo era alto, pero la oportunidad era mayor.
Aprovecharon el momento en que el coronel no contaba con un esquema visible de protección cercana.
Y dispararon con la frialdad de quien sabe que solo tiene segundos para completar una misión.
Ráfagas certeras, dirigidas a cabeza y tórax, sin margen de error.
No buscaban herir.
Buscaban eliminar.
Tras los disparos, huyeron sin dejar rastro.
No hubo enfrentamiento, no hubo persecución inmediata, no hubo casualidades.
Hubo precisión.
La reacción militar fue rápida, pero no lo suficiente para interceptar a los responsables.
Un operativo limpio, ejecutado por un grupo con experiencia, logística y rutas de escape definidas.
Los investigadores no tardaron en señalar que esto no pudo hacerlo cualquiera.
Quien ordenó el ataque conocía la rutina del coronel.
Sabía dónde vivía, por dónde pasaba y en qué momentos era más vulnerable.
Sabía también cuánto tiempo tardaría la reacción militar.
Y en territorios como el Cauca, la información vale tanto como las armas.
El asesinato no ocurrió en una región cualquiera.
Sucede en un territorio donde convergen disidencias, narcotráfico, minería ilegal y estructuras armadas que llevan décadas disputándose el control.
Allí, cada acción militar genera un eco, una respuesta, un contraataque calculado.
Granados había golpeado sectores sensibles.
Había afectado rutas, presionado economías, intervenido zonas donde los grupos ilegales mantienen su oxígeno financiero.
Y ese tipo de acciones nunca se deja sin respuesta.
En el norte del Cauca, la muerte de un jefe de operaciones no es un incidente aislado.
Es un mensaje.
Una demostración de fuerza.
El impacto se sintió no solo en el Ejército, sino en toda la región.
Porque matar a un oficial de este nivel requiere capacidad, inteligencia y una estructura criminal que pueda moverse sin ser detectada.
El crimen, así, no solo elimina a un hombre, sino que perfora el corazón del aparato estatal.
La reacción institucional fue inmediata.
El almirante Francisco Cubíes Granados, comandante de las Fuerzas Militares, calificó el homicidio como un acto criminal que atropella a la nación.
Se anunció apoyo a la familia, fortalecimiento de la presencia militar y una investigación conjunta con la Fiscalía.
Pero el mensaje entre líneas fue aún más fuerte.
“No detendremos las operaciones.”
Una frase que en el Cauca se traduce en movimientos, en helicópteros, en botas sobre la tierra.
Sin embargo, la realidad del territorio no cambia por un comunicado.
Las comunidades saben que cada ofensiva genera una respuesta.
Y que la muerte de un oficial de este nivel puede abrir un ciclo de tensiones aún más complejas.
La región lleva décadas atrapada entre la presencia estatal y la presión de actores ilegales.
Entre promesas de seguridad y amenazas silenciosas.
Entre operaciones militares y represalias que caen sobre los mismos territorios.
Por eso la muerte de Granados no es solo una pérdida militar.
Es una señal.
Un recordatorio de que el equilibrio del Cauca nunca ha sido estable.
Las preguntas ahora se multiplican.
¿Quién dio la orden?
¿Quién financió el ataque?
¿Quién filtró la información?
¿Quién se beneficia del crimen?
La investigación deberá desenredar una madeja compleja.
Identificar a los responsables materiales será apenas el primer paso.
El verdadero reto será llegar a los autores intelectuales.
Los grupos armados de la región han demostrado capacidad para infiltrar información, monitorear movimientos y ejecutar ataques selectivos.
Pero también existen estructuras híbridas, redes locales, intereses superpuestos que complican aún más el panorama.
La muerte del coronel podría estar vinculada a cualquiera de estos actores, o a la convergencia de varios.
El Estado deberá mover sus fichas con precisión.
Una respuesta desbordada podría generar una escalada de violencia.
Una respuesta débil podría interpretarse como una señal de vulnerabilidad.
Mientras tanto, en las comunidades del Cauca crece la incertidumbre.
La sensación de que la guerra nunca terminó.
Que simplemente cambia de forma, de colores, de nombres.
La muerte de Rafael Granados deja un vacío operativo.
Un hueco en una estructura donde cada mando cuenta.
Y en una región como el Cauca, un vacío puede convertirse en una grieta.
Lo que ocurra en los próximos meses definirá si este crimen se convierte en un punto de quiebre o en un episodio más dentro de una violencia que parece no tener fin.
Las fuerzas militares deberán ajustar protocolos, reforzar seguridad y repensar estrategias.
Porque si pudieron matar a un jefe de operaciones, pueden intentar mucho más.
El país exige respuestas.
El Cauca exige presencia real.
El Ejército exige justicia.
Pero la verdad, la verdad completa detrás del asesinato del coronel Granados, aún está envuelta en ese silencio espeso que cubre al Cauca cuando algo grande está por revelarse.
Un silencio que puede romperse en cualquier momento.
Y que, cuando lo haga, podría cambiarlo todo.
