La sala quedó en silencio cuando Juliana Guerrero respondió afirmativamente a las preguntas del juez. Sabía que su decisión implicaría una condena y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según lo expuesto durante la audiencia, la Fiscalía llegó con Guerrero a un preacuerdo para terminar anticipadamente el proceso judicial. A cambio, ella aceptó su responsabilidad por los hechos señalados en el expediente.
El caso está relacionado con documentos que Guerrero habría presentado para actualizar su hoja de vida en el CIGEP. Según su propia explicación ante el juez, esos documentos fueron entregados al Ministerio de la Igualdad con la intención de quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
Durante la audiencia, el juez verificó que la aceptación de cargos fuera libre y consciente. También le preguntó si estaba bajo los efectos de medicamentos o sustancias que pudieran afectar su capacidad de decisión, algo que Guerrero negó.
La escena adquirió mayor relevancia cuando el juez le recordó que todavía tenía derecho a ir a juicio, presentar pruebas y llamar a testigos para defender su inocencia. Guerrero confirmó que entendía que estaba renunciando a esas posibilidades al aceptar el acuerdo.
En sus propias palabras, reconoció que había incurrido en fraude procesal al actualizar su información académica y presentar los documentos ante el Ministerio de la Igualdad. Esa admisión quedó incorporada al procedimiento que ahora deberá ser sometido a decisión.
El beneficio establecido en el preacuerdo contempla, según lo explicado en audiencia, una reducción de la pena a la mitad de tres años, además de una inhabilidad de dos años y medio y una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
El momento más delicado llegó cuando quedó claro que aquella aceptación no era simplemente una declaración ante el juez, sino el paso que llevaría a una condena y a consecuencias para su futuro en la función pública.
Mientras el proceso avanza, la audiencia deja abiertas otras preguntas sobre los documentos presentados y las circunstancias que rodearon su utilización, aunque esos aspectos deberán ser determinados dentro del procedimiento judicial.
Por ahora, el despacho judicial consideró que la aceptación de cargos fue libre, voluntaria, consciente y debidamente informada, mientras el alcance definitivo de la decisión todavía queda pendiente.
